Ante un crecimiento económico bajo en el país, invertir en infraestructura hídrica se vuelve aún más complejo. Por ello, invertir miles de millones de pesos al año en este sector se puede lograr con inversiones o coinversiones (APPs) público-privadas; no obstante, es necesario que se generen las condiciones de certidumbre necesarias, advirtió el Consejo Consultivo del Agua.
En conferencia, Raúl Rodríguez, presidente del organismo, destacó que con la crisis hídrica que enfrenta el país no se encarará solamente con una nueva ley, pues además hace falta fortalecer las capacidades técnicas presupuestales y de infraestructura.
- El Dato: La nueva Ley de aguas es la primera que se realiza, desde la incorporación del derecho humano al agua y al sanamiento en 2012, así como la de la revisión más amplia.
“México vive una crisis hídrica que no se resolverá sólo con una nueva Ley, y será indispensable fortalecer capacidades técnicas, presupuestales y de infraestructura para que cualquier reforma tenga efectos tangibles”, destacó.
En suma, el Consejo Consultivo del Agua, Agua Capital y la Red del Agua UNAM, también coincidieron en que es positiva para el país la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, ya que, sostuvieron, el nuevo marco legal aprobado por el Congreso, siempre y cuando vaya acompañada de un presupuesto suficiente para materializar la intención de recuperar la rectoría del Estado y garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible del recurso.
En este sentido, explicaron que aunque las reformas establecen nuevas reglas, refuerzan la prevención de delitos hídricos y clarifican las facultades de la autoridad federal; sin embargo, se dejaron fuera los incentivos que hubieran sido muy pertinente incluir, para mejorar la eficiencia en el uso del agua, especialmente del sector agrícola, que consume 76 por ciento del recurso nacional, dijo Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.
El directivo celebró que el tema hídrico sea prioritario en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que no era una prioridad nacional en administraciones pasadas y ahora sí lo es. “Son leyes que dan certidumbre, transparencia y orden en el uso del agua. Sin embargo, será necesario que se defina de dónde saldrán los recursos para poder cumplir con las metas que establecen tanto el Plan Nacional Hídrico, como las necesidades de infraestructura para este tema que tiene el país”, añadió.
Durante el encuentro, los directivos destacaron que algunos organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales refieren que los países deben invertir al menos 1.0 por ciento de su PIB en materia hídrica.
En este sentido, los expertos detallan que en el caso de México, esto representa alrededor de 350 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se destinó alrededor de 36 mil 200 millones de pesos, apenas 10 por ciento de esa cantidad, lo que resulta claramente insuficiente para los fines de las leyes aprobadas.