A mediados de este 2025, tres instituciones financieras: una casa de bolsa y dos bancos mexicanos, fueron señalados por la Red de Control de Delitos Financieros estadounidense (FinCEN, por su acrónimo en inglés), de presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En suma, la reforma a la Ley Antilavado que se realizó este año, y de la que en febrero se emitirán las reglas de carácter general, generaron que actualmente, las operaciones financieras y los negocios en el país sean más difíciles de realizar.
En entrevista con La Razón, Michel Levien González, director de Streiner Buró Anticorrupción, sostuvo que la declaración del departamento del Tesoro sobre el sistema financiero mexicano fue un golpe, el cual generó que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzaran a trabajar a “marchas forzadas” para realizar procesos de investigación, así como robustecer la regulación, “hacerla más apretada”.
- El Dato: TRAS LAS acusaciones de EU, el regulador mexicano, multó con 172 millones de pesos a cada una de las instituciones.
Además, explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la cual dependen la CNBV y la UIF, tras la reforma a la Ley Antilavado que se aprobó en julio, tiene la facultad para emitir las reglas de carácter general, “nos dan la nueva ley, nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo” y esa interrogante se resolverá hasta febrero de 2026, en ese sentido, sostuvo que mientras no existan, todo el sistema de regulación financiera vivirá con incertidumbre.
“Esto no está en las noticias, porque es un tema muy abogadesco y demasiado aburrido y árido, pero es importantísimo, porque quiere decir que, a partir de febrero o marzo, a partir de todo 2026 va a ser más difícil hacer negocios y hacer operaciones financieras en México”, agregó.
En junio pasado, el FinCEN, entidad dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes para prohibir operaciones y transferencias con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras mexicanas a las que señaló como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Tras la declaratoria del gobierno de Estados Unidos, en un primer momento, la SHCP negó los dichos y aseguró que no había pruebas suficientes; no obstante, un día después, la CNBV anunció que intervendría “temporalmente” a CIBanco e Intercam, pero no indicó nada sobre Vector.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de EU”, al asegurar, además que el sistema financiero cuenta con solidez.
Tras la intervención del regulador mexicano, las calificadoras S&P Global, Fitch, PCR Verum y HR Ratings modificaron las notas crediticias de las instituciones señaladas, ya que coincidieron en que tendrían “dificultades financieras” en el corto y mediano plazo.
Posteriormente, la CNBV multó a las tres instituciones por un monto total de 172 millones 255 mil 555 pesos, sanciones que se impusieron en los últimos días de junio, y tras el señalamiento del FinCEN; Intercam fue la más afectada con 92 millones 158 mil 105 pesos; siguió CIBanco con 53 millones 646 mil 950 pesos y finalmente, Vector con 26 millones 460 mil 500 pesos.
Levien González agregó que, en su momento, la Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que el sistema financiero mexicano era sólido a pesar de las medidas que anunció el FinCEN; sin embargo, los dos bancos, tras la intervención gerencial del regulador dejaron de operar en el sistema al transferir sus activos a otras instituciones o por la revocación de su licencia.
En ese sentido, consideró que la Asociación afirma la solidez del sistema financiero, porque concluyeron que “el control de daños había sido bueno”, ya que, por ejemplo, CIBanco transfirió sus fideicomisos e Intercam hizo lo mismo, pero para el analista el daño, y la criminalidad permanece.
“Ese daño y esa infección de criminalidad permanece por más que le que le den la vuelta y que vendan el negocio. Lo podrían vender 90 veces, pero lo que salió de fideicomisos de CIBanco legalmente sigue infectado”, señaló.
Y reiteró que, en términos coloquiales lo que se hizo fue amputar la pierna, y como la autoridad estadounidense le dijo a la ABM que las sanciones sólo serían para las señaladas, entonces, la Asociación lo ha minimizado, no se toma el problema con la importancia que tiene.
“Creo que esa es la lectura que tiene la Asociación de Bancos de México, lo ven como: esto es grave, esto no debe suceder, pero el FinCEN nos dice que vienen las sanciones para ellos, no viene para nadie más, hasta ahorita estamos bien…
Me da la impresión de que ellos entienden que el daño está contenido y ya se cortó la pierna, ya se cortó el miembro que está infectado, pero esperemos que no tenga otras consecuencias más graves”, puntualizó.
TRONÓ CAME Y AFECTÓ A MÁS DE 1.3 MILLONES
Por Redacción
EN MAYO se dio conocer que la Sofipo Came había cerrado operaciones desde un mes antes y con lo cual se afectó a más de un millón de personas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que los clientes estaban protegidos por hasta 25 mil Unidades de Inversión (Udis).
Fue hasta junio, cuando el mismo regulador intervino a Came, con la finalidad de “salvaguardar” los intereses de los ahorradores y la decisión se dio tras valorar una serie de elementos que denotaron irregularidades contables que pusieron en riesgo los intereses de los mismo afectados.
La comisión señaló que el 21 de mayo se notificó el emplazamiento al procedimiento de revocación por incumplimiento a los requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado, procedimiento aún en trámite.
Asimismo, se determinó que el pago será por el equivalente a 25 mil Udis, aun con ello, los afectados no quedaron conformes con la propuesta por el Fondo de Protección (Prosofipo) a los ahorradores afectados, ya que el monto ascendía a 219 mil pesos por cliente; sin embargo, se dio a conocer que existían personas que tenían ahorrados hasta 7 millones de pesos, por lo que serían los más afectados.