La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que, hasta el 31 de diciembre de 2025, la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) adeudaba más de 2 mil 500 millones de dólares a compañías estadounidenses por servicios prestados.
“Durante los últimos dos años, las empresas estadounidenses que suministran al sector de petróleo y gas mexicano han reportado un desafío sin precedentes para recibir el pago de Pemex por los servicios prestados. Al 31 de diciembre de 2025, mientras que algunas empresas estadounidenses han recibido el pago total o parcial, otras continúan reportando pagos vencidos que suman más de 2 mil 500 millones de dólares.”, indicó la USTR en la Estimación Nacional de Comercio 2026.
En el documento, la dependencia mencionó las principales barreras comerciales que México ha impuesto y que enfrentan las exportaciones de empresas estadounidenses, así como las medidas que está tomando la administración del presidente Donald Trump para “garantizar la igualdad de condiciones para los trabajadores” de ese país.
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La USTR destacó que desde 2018, el Gobierno mexicano ha implementado medidas para que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tengan la “primacía” del sector energético, al pasar de empresas productivas a públicas con el fin de limitar la participación de las empresas del sector privado.
En el caso de la CFE, en marzo de 2025, se publicaron reformas a las leyes energéticas que incluyeron la prevalencia de la Comisión y el mantenimiento del 54 por ciento de la electricidad en la red, así como el requisito de que en proyectos con inversión mixta posea el 54 por ciento de la generación eléctrica.
Asimismo, en octubre del año pasado se publicaron reglamentos que prohíben actividades de transbordo de combustible y se favoreció “injustamente” a Pemex; además, se redujeron los plazos de los permisos de importación de 20 a cinco años y de comercialización de 30 a dos años, “estos cambios no aplican para Pemex”.
luego de que México desapareció a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), estableció la Comisión Nacional de Energía (CNE) bajo la supervisión de la Secretaría de Energía (Sener) “centralizó” más la toma de decisiones.
Todos estos cambios, señaló la USTR, provocan que las empresas privadas enfrenten retrasos, rechazos injustificados en solicitudes para nuevos permisos o modificaciones.
“Las suspensiones o revocaciones de permisos existentes socavan la capacidad de las empresas para operar instalaciones, importar/exportar energía o combustible, y operar estaciones de servicio”, indicó.
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LMCT
