Tras la publicación de la orden ejecutiva “Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense” por parte de Donald Trump, el envío de remesas hacia México podría caer entre 10 y 20 por ciento por un endurecimiento en los controles para otorgar servicios financieros a personas no autorizadas sujetas a la deportación, de acuerdo con analistas, los envíos de dinero desde Estados Unidos representan el 5.0 por ciento del consumo y el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En Estados Unidos residen alrededor de 4.1 millones de personas no autorizadas o con un estatus migratorio irregular y se estima que cerca del 40 por ciento del total de las remesas que llegan a México provienen de trabajadores que son sujetos a la deportación.
Un bloqueo al envío de remesas, las personas no autorizadas buscarían alternativas, pero podría representar un desplome anual de entre 10 y 20 por ciento en las divisas que llegan al país, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.
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“Un desplome de 20 por ciento de las remesas en un año, implicaría una reducción en el PIB de México de 0.7 por ciento, suponiendo que se aplica a partir de junio, implicaría un freno de 0.35 puntos porcentuales para este año”, agregó.
La analista destacó que de materializarse un impacto de esa magnitud en las remesas y considerando que el crecimiento del PIB al cierre del año se estimó en 1.0 por ciento, ahora podría ser de 0.65 por ciento, “esto dependerá de que tan estricta sea la aplicación de la medida y cuánto afecte a las remesas que llegan a México”, acotó.
En la orden ejecutiva, el gobierno estadounidense destacó que se deben adoptar medidas para salvaguardar el sistema financiero de usos ilícitos, así como promover prácticas seguras en los préstamos y servicios que otorgan las instituciones.
“Mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la extensión de créditos o servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y removibles”, indicó la orden ejecutiva.
Destacó que las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto han sido utilizadas para financiar al terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilegales, y en ese sentido, será necesario la implementación de programas robustos que permitan la identificación de clientes y medidas que sean necesarias para “mitigar estos riesgos”.
En ese sentido, en 90 días, el secretario del Tesoro y los reguladores propondrán cambios para endurecer el control en las instituciones bancarias, es decir, deberán identificar y verificar al titular de una cuenta para evitar que fraude, lavado de dinero o incluso la evasión de sanciones; podrán investigar el estatus migratorio y laboral de las personas si consideran que hay riesgos de fraude o identidad falsa.
“Dentro de los 180 días a partir de la fecha de esta orden, el Secretario del Tesoro y los reguladores financieros funcionales federales considerarán cambios a las regulaciones de implementación aplicables de la Ley del Secreto Bancario para fortalecer los requisitos del programa de identificación de clientes basados en el riesgo para las instituciones financieras cubiertas. Cualquier cambio considerado debe tener en cuenta los riesgos que las tarjetas de identificación consular extranjeras plantean para la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos”, indicó la orden.
“La materialización de bloqueo de envío de remesas a México por parte de migrantes con estatus irregular sería una catástrofe para la economía de algunas familias y para el crecimiento de México”, puntualizó Siller Pagaza.
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LMCT
