La Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantizó la continuidad de su operación vehicular mediante un contrato por 473 millones 243 mil 804 pesos, adjudicado directamente a Jet Van Car Rental, empresa de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, para el arrendamiento de 4 mil 520 vehículos hasta el 31 de diciembre de 2026.
El procedimiento CFE-0001-ADSAN-0011-2026, a cargo de la Gerencia de Abastecimientos, estableció un periodo de servicio de 218 días naturales. El acuerdo permite a la empresa pública mantener disponible la flota que requiere para sus actividades mientras concluyen los procesos destinados a definir contrataciones vehiculares de mayor duración.
El parque vehicular arrendado está conformado por mil 938 camionetas pick-up de doble cabina 4x2, 831 pick-up 4x4, mil 554 sedanes de cuatro cilindros y 197 camionetas van de pasajeros. Todas las unidades corresponden a modelos 2022 o posteriores. La contratación comenzó a finales de mayo, antes de que en agosto surgiera la controversia judicial relacionada con otro procedimiento de la CFE.
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Este antecedente adquiere relevancia porque muestra que la Comisión cuenta con vehículos suficientes para mantener sus operaciones hasta el cierre del año. Con ello, la empresa dispone del tiempo necesario para preparar una nueva licitación sin enfrentar una emergencia derivada de la falta de unidades.
El litigio al que se refiere el caso surgió a partir del concurso CFE-0001-CASAT-0023-2026, mediante el cual se buscaba arrendar entre 12 mil 50 y 17 mil 890 vehículos. El procedimiento fue declarado desierto el 4 de agosto, debido a que ninguna de las cinco propuestas presentadas cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos.
Una de las empresas participantes promovió el expediente 16177/26-17-09-7 ante la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y solicitó medidas cautelares por un posible conflicto de interés relacionado con Casanova Vallejo.
El señalamiento involucró a Francisco Antonio González Deveikis, quien durante 16 años trabajó en la CFE y ocupó la Subgerencia de Control y Servicios de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. El exfuncionario dejó la empresa pública el 29 de noviembre de 2024 y cuatro meses después se incorporó como director general de Casanova Rent, compañía perteneciente al mismo grupo empresarial que Casanova Vallejo. Esta última presentó ofertas para 55 de las 60 partidas contempladas en el concurso.
A estos antecedentes se sumaron reportes periodísticos sobre presuntos vínculos societarios entre González Deveikis y Carlos Echenique Casanova, uno de los propietarios del corporativo. La inconformidad planteó que estos elementos debían ser revisados a la luz de las restricciones aplicables al uso de influencia e información privilegiada por parte de exservidores públicos.
El 13 de agosto fue concedida una suspensión que ordenó mantener el estado del procedimiento e impidió a la CFE iniciar un concurso sustituto mientras se analizaba el caso. Posteriormente, la empresa publicó el procedimiento CFE-0001-CASAT-0044-2026 el 18 de agosto, aunque formalizó su suspensión el día 25, en cumplimiento de la medida cautelar. Esta convocatoria contemplaba entre 8 mil 717 y 11 mil 240 vehículos.
Pese a la suspensión, la disponibilidad de unidades no se encuentra comprometida. Además del contrato por 4 mil 520 vehículos, fuentes internas señalaron que la CFE amplió por cuatro meses otro contrato vigente con Jet Van, con el propósito de mantener la operación de la flota y sin modificar las tarifas.
De esta forma, la empresa eléctrica cuenta con mecanismos que le permiten sostener el servicio vehicular mientras avanzan tanto los procedimientos administrativos como el litigio. La cobertura existente reduce la presión para realizar una contratación de emergencia y permite que los nuevos procesos se desarrollen conforme a sus respectivos calendarios.
Los antecedentes hacen necesaria la revisión de cada procedimiento, pero no modifican la situación actual de la CFE: la empresa tiene garantizada la continuidad de su servicio vehicular. Los contratos vigentes le otorgan margen para atender los litigios, desarrollar los nuevos concursos y privilegiar la competencia, la evaluación técnica y económica y la obtención de mejores condiciones, sin que una eventual falta de unidades determine el resultado.
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