Republicanos envían carta a funcionarios

México excluye a IP en energía: legisladores de Estados Unidos

Solicitan intervención de autoridades de su país para detener estas acciones; UBS advierte altos costos de electricidad con reforma propuesta por el gobierno de la 4T

Sector energético en EU.
Sector energético en EU.Foto: Especial.
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Congresistas de Estados Unidos enviaron hoy una carta a autoridades de ese país expresando su preocupación por la “abrumadora lista de acciones discriminatorias” del Gobierno de México contra empresa estadounidenses en su sector energético.

En una carta enviada a Katherine Tai, representante comercial; Antony Blinken, secretario de Estado; Gina Raimondo, secretaria de Comercio, y Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, un grupo de 40 congresistas pidió su intervención para que las autoridades mexicanas detengan estas acciones discriminatorias contra las empresas estadounidenses que comercian con México y les brinden un piso parejo, como lo prevé el T-MEC.

“Escribimos para expresar nuestra grave preocupación por los informes sobre los esfuerzos cada vez mayores del Gobierno de México para excluir a las empresas privadas de su sector energético en contravención de sus compromisos internacionales, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, escriben en la misiva.

Mencionan que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar un trato preferencial a las empresas energéticas nacionales de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en directa contradicción con el T-MEC, que su propia administración negoció y firmó.

“Su administración y su partido han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos que los tribunales mexicanos han dictaminado que son anticompetitivos y perjudiciales para el medio ambiente”, agregan.

Como tales, afirman, también son perjudiciales para la inversión y trabajadores estadounidenses y el compromiso de América del Norte con la sostenibilidad, todos los cuales son conceptos protegidos por el T-MEC.

“La abrumadora lista de acciones discriminatorias hace tiempo que pasó el punto de ‘simplemente’ plantear serias preguntas sobre los compromisos del Presidente López Obrador con la letra y el espíritu de la T-MEC. Ellos en realidad sugieren que el Gobierno mexicano está intentando de manera proactiva promulgar políticas y tomar acciones que violen y socaven el tratado”, sostienen.

Los congresistas consideran que los informes recientes de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses requieren una respuesta oportuna y clara.

“Lo instamos a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México un campo de juego parejo, como lo prevé el T-MEC”, pidieron a las autoridades estadounidenses.

​REFORMA ELÉCTRICA, REVÉS AMBIENTAL: UBS

 México ha realizado esfuerzos loables para encaminarse a un futuro más verde, pero aún insuficiente respecto a economías similares; aprobar la reforma eléctrica representaría un gran revés para el país en la materia, advirtió el banco suizo UBS en un análisis.

Señaló que la propuesta de reforma eléctrica dejaría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la autoridad reguladora completa para determinar los precios y procedimientos de despacho de energía. Además, limitaría la participación del sector privado y cancelaría los Certificados de Energía Limpia.

La aprobación de la reforma, estimó, generaría costos más altos de electricidad, lo que reduciría la competitividad y elevaría la inflación. Aunque CFE podría implementar subsidios para proteger a los consumidores, esto representaría una carga fiscal mayor para el Gobierno, agregó.

Afirmó que se pondría en duda la capacidad del país para lograr sus objetivos de energía limpia. “La aprobación de la iniciativa de reforma energética representa un duro golpe para el progreso en materia ambiental y justificaría una reducción de la calificación de los activos mexicanos”.

FGR