Moody’s advierte que estados y municipios ocultan deudas

Los estados y municipios en México divulgan de manera deficiente sus obligaciones de deuda, lo que refleja débiles prácticas de administración que pueden presionar su desempeño financiero y liquidez, de acuerdo con Moody’s Investors Service.

La calificadora internacional recordó que desde 2009 se implementa en México la Ley de Contabilidad Gubernamental y desde 2016, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Con ello, los requerimientos de contabilidad y transparencia de la deuda estatal y municipal se fortalecieron, y requieren que los gobiernos locales y regionales (RLG, por sus siglas en inglés) reporten todas sus obligaciones de deuda, así como estados financieros completos.

Sin embargo, señaló, las auditorías federales recientes detectaron que no todos los estados y municipios están cumpliendo con las nuevas reglas, especialmente las relacionadas con la deuda de corto plazo, la cual es más riesgosa.

“Estas prácticas inconsistentes de divulgación de información, así como los deficientes controles internos y la falta de planeación, indican que, en general, las prácticas de gobierno de los RLG en México han mejorado, pero permanecen débiles en varios aspectos y continúan presionando el desempeño financiero y la liquidez”, señaló en un reporte la agencia crediticia.

La firma internacional apuntó en un nuevo reporte que la revelación de la deuda de corto plazo continúa siendo deficiente, pues los recientes reportes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que cubren principalmente estados, indican que algunos no la están reportando.

También se encontraron discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda.

“Esta falta de consistencia complica los esfuerzos de calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la deuda, así como los riesgos de liquidez”, añadió Moody’s.

La agencia señaló además que la ejecución de las transferencias etiquetadas ha mejorado, pero continúa siendo inconsistente. El promedio del índice de desempeño reportado por la ASF, que mide si los estados gastan de manera apropiada estas transferencias, fue de 86.5 por ciento en 2017, lo cual significa que tienen que proveer una explicación o regresar a la federación 13.5 por ciento de esos recursos.

Si bien muestra una mejora en años recientes, este indicador no llega al 100 por ciento todavía debido a controles internos deficientes y la falta de planeación, lo cual puede resultar en presiones de liquidez y limitar los perfiles crediticios.

La calificadora internacional de riesgo crediticio señaló que algunos estados están retrasando las transferencias a los municipios, lo cual puede generar que se traspasen los efectos negativos.

Moody’s detalla que por ejemplo, Michoacán no reportó nueve préstamos de corto plazo por 6 mil 482 millones de pesos (30 por ciento del total de la deuda reportada o 9 por ciento de los ingresos totales) ni en sus estados financieros de 2017 ni en el Registro Público Único y el estado no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría.

Otro caso fue Baja California, quien reportó deuda por 11 mil 846 millones de pesos, mientras que el monto auditado fue por 12 mil 648 millones de pesos. El Estado de México reportó deuda de largo plazo equivalente a 38 mil 300 millones de pesos, mientras que el monto auditado fue de 39 mil 200 millones de pesos.

Asimismo, la Ciudad de México reportó diferencias por 2 mil 630 millones de pesos entre sus estados financieros y el registro público de deuda. Adicionalmente, el municipio de Hermosillo no pudo comprobar el uso de 150 millones de pesos de la deuda de largo plazo que contrató por 681.2 millones de pesos.

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lps