En total suman cuatro

Ahora SCJN otorga amparos a Jalisco y Colima contra política eléctrica de Sener

Recurso frena efectos y consecuencias hasta una resolución final de la Corte; se suman a dos resoluciones positivas para la Comisión Federal de Competencia Económica y Tamaulipas

En ambas demandas se apunta como autoridades responsables al Ejecutivo federal y a la Sener
En ambas demandas se apunta como autoridades responsables al Ejecutivo federal y a la SenerFoto: Especial.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite dos nuevas suspensiones contra el acuerdo en el que la Secretaría de Energía (Sener) emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional el pasado 15 de mayo.

El ministro Luis María Aguilar señaló que estas suspensiones, concedidas a los gobiernos de Jalisco y Colima, frenan todos los efectos y consecuencias del acuerdo hasta que la Corte resuelva el fondo del asunto.

“La medida suspensional surtirá efecto sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, explica el documento.

En ambas demandas se apunta como autoridades responsables al Ejecutivo federal y a la Sener, por la expedición del acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Con estas disposiciones, el ministro congeló por el momento la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicada el pasado 15 de mayo por la Sener.

Estas dos resoluciones se suman a las dos contreversias constitucionales anteriores otorgadas a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al gobierno de Tamaulipas.

En días pasados, la Cofece explicó que la controversia que interpuso afecta de “manera grave” la estructura económica de la industria.

“El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que éste opere en condiciones de competencia y eficiencia”, señaló en ese momento el órgano antimonopolio.

De la misma manera, refirió que la nueva política compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista.

Las disposiciones de la Sener se suman a unas disposiciones del Cenace, que a finales de abril, ordenó congelar el inicio de operaciones de nuevas plantas de energía renovable argumentando que su intermitencia amenaza la confiabilidad del suministro eléctrico durante la pandemia de Covid-19.

El pasado 6 de julio, el estado de Tamaulipas fue notificado sobre la admisión de la controversia en contra de la Política del SEN publicado el 15 de mayo.

Hasta ese momento, Tamaulipas era el único estado que había acudido a la corte por ese tema; sin embargo, sus argumentos estaban centrados en las inversiones que capta la entidad en energías limpias.

Después de que se dio a conocer la decisión sobre el SEN, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que impugnaría el acuerdo.

“Por este tipo de inversiones, hoy Tamaulipas es el estado energético por excelencia en México. Es de los estados de mayor producción en energías limpias. Con inversiones como éstas por supuesto que fomentamos el desarrollo de nuestro estado y evitamos más contaminación”, dijo en ese momento.

La Política de Confiabilidad establece que los permisos de interconexión que soliciten los generadores de energías limpias pueden ser rechazados si se considera que las redes eléctricas están saturadas.

En suma a los juicios que se han interpuesto en contra de esta política, diversas Cámaras empresariales acusaron que el decreto era un ataque a la certeza jurídica para las inversiones, aunado a que favorece sólo a la CFE.

El trámite de las controversias para que la Corte resuelva sobre la legalidad de la Política puede tomar más de un año, aunque el Ejecutivo federal puede solicitar trámite prioritario, que de ser aprobado, reduciría a unos meses el tiempo para que se dicte sentencia.

JVR