Polémica, por decir lo menos, resulta la actividad de la empresa Smartmatic International Holding B.V., escogida por la Secretaría de Gobernación como la proveedora de 2000 equipos especializados para la obtención de información biométrica para la cédula única de identificación.
Smartmatic ha sido señalada en Estados Unidos por sus presuntos actos de evasión fiscal y corrupción y hasta de tener ligas con el gobierno de Hugo Chávez.
En 2006, según información que circula en la web, el Federal Bureau of Investigation (FBI) llevó a cabo una investigación en contra de Smartmatic, por haber realizado “siete pagos a Morris Loyo, un capitán retirado de la Fuerza Aérea Venezolana con amplias conexiones con el gobierno chavista antes de realizarse el referéndum revocatorio, los cuales aparentemente no fueron reportados al Departamento de Tesorería de Estados Unidos’’.
Smartmatic respondió que Loyo trabajó para la firma como ‘lobista/vendedor y contratista independiente para ayudar a asegurar contratos electorales en Venezuela “de la misma forma que muchos vendedores norteamericanos emplean a cabilderos estatales y vendedores para que ayuden a conseguir contratos”.
El texto completo se puede encontrar en la siguiente liga: http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/1252/nuevasinvestigaciones-del-fbi-vs-smartmatic-en-eeuu/
En ese mismo año, para las elecciones en un condado de Chicago, Illinois, el juez federal con sede en el Distrito Norte de Nueva York, Gary L. Sharpe, recibió una carta advirtiéndole que la empresa contratada para llevar a cabo el proceso electoral, Smartmatic, tenía ligas con el presidente de Venezuela, hecho que fue negado por Jack A. Blaine, presidente de la empresa Sequoia Voting Systems – Smartmatic Corporation.
En este caso, Smartmatic se asoció con la empresa Total Information Management Corporation (TIM), de Filipinas, para participar en el proceso electoral de ese país el próximo año.
La asociación Smartmatic-TIM concursó con otras seis empresas en la licitación para la automatización de la elección, pero fue descalificada en primera instancia por haber presentado un certificado ISO que pertenecía a otra empresa, Jarltech International.
La certificación ISO era un requisito clave ordenado por las autoridades electorales filipinas para participar en el concurso.
Smartmatic-TIM apeló la resolución alegando que Jarltech International era una empresa subsidiaria de Smartmatic. La resolución fue reconsiderada y a la postre permitió que la alianza ganara la licitación.
Más reciente, en el 2008 la firma de abogados Shearman & Sterling LLP detalló que, de acuerdo con diferentes fuentes de prensa estadounidense, la firma se encontraba bajo investigación por posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
“Los informes de prensa afirman que la investigación se centra en si Smartmatic sobornó a funcionarios en Venezuela a través de un consultor con los pagos de hasta $ 4 millones”, precisa el texto.
Impensable, que la Secretaría de Gobernación ignorara estos hechos.
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fdm