Julián Andrade
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió, desde el 12 de julio de 2010, una petición de Fernando Rodríguez González para que se revise su caso, dentro del expediente 73/10, que se incluyó en el informe anual de la OEA.
Rodríguez González está sentenciado a 37 años y seis meses de prisión por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, quien era diputado federal al momento de su muerte, en septiembre de 1994, y uno de los políticos con talente reformista dentro del PRI.
Ruiz Massieu, no sobra decirlo, tenía un gran futuro por delante y por ello estaba encargado de la coordinación de su fracción parlamentaria.
Hace unas semanas, Sergio Sarmiento escribió en su columna en el diario Reforma sobre el tema y advirtió de la inusitada solicitud pero de la aún más sorpresiva admisión de la CIDH a las peticiones de un asesino sentenciado.
Rodríguez González alega que fue detenido por las declaraciones de Daniel Aguilar Treviño y que éstas se obtuvieron por tortura.
Aguilar Treviño es el asesino material de Ruiz Ma-ssieu y en su momento declaró que el ahora quejoso lo contrató.
Rodríguez González afirma que fue torturado y que por ello fueron sancionados 10 policías judiciales federales, aunque omite señalar que éstos resultaron absueltos de los delitos de tortura y de abuso de autoridad.
El caso Ruiz Massieu fue complejo desde el principio. El hermano de la víctima, Mario Ruiz Massieu, era subprocurador de la Procuraduría General de la República y se hizo cargo del asunto en un primer momento, lo que sin duda entorpeció las indagatorias.
Esto no impidió, sin embargo, que se estableciera la responsabilidad de Rodríguez González en el crimen, la que quedó acreditada por la sentencia que confirmó la Suprema Corte de la Nación en marzo de 2004.
Por eso no deja de sorprender la decisión de la CIDH, la que no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, pero que abre las puertas a un caso emblemático.
No conviene olvidar que el Ministerio Público, a partir de 1995, hizo todo lo que pudo para enredar la indagatoria, al grado de que “premió” a Rodríguez González con 500 mil dólares, cuando “recordó”, después de 11 declaraciones, que Raúl Salinas de Gortari tenía que ver con el crimen.
Salinas de Gortari no tenía que ver con el asunto y fue declarado inocente, aunque pasó varios años en prisión.
La infamia que montó la PGR, con su testigo estrella, está de sobra documentada y ya fue desacreditada en los tribunales.
Lo que se debería investigar es a los verdaderos autores intelectuales del homicidio, de los que no sabemos nada gracias a la utilización de testigos a modo, de procedimientos escandalosos y de acusaciones falsas.
El asunto es que la CIDH estaría por concluir sus investigaciones y de ellos nos enteraremos pronto. Ojalá no sea una mala noticia para la justicia.
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