Juan A. Cruz Parcero
Las muertes, lesiones y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de otras personas, como se ha dicho, son un crimen de lesa humanidad. El Presidente Enrique Peña Nieto lo condenó y señaló que no habrá ningún resquicio para la impunidad. Sin embargo, permítaseme dudar de la afirmación. Las oportunidades (los resquicios) para la impunidad en México son muchas, han sido muchas y probablemente no sea distinto esta vez; la red de negligencia y complicidad que ha contribuido a este terrible crimen llega al parecer muy arriba e involucra a muchos políticos.
La impunidad tiene múltiples resquicios. En estos días hemos sabido que José Luis Abarca, el presidente municipal perredista prófugo, fue acusado por un testigo directo del asesinato de Arturo Hernández Cardona, dirigente de Unidad Popular de Iguala y de otras dos personas, ocurrido el 31 de mayo de 2013; las víctimas pertenecían además a una corriente del PRD (Izquierda Democrática Nacional) opuesta a la de Abarca (Nueva Izquierda). ¿Qué ocurrió entonces?, ¿quién es responsable de que tal crimen haya quedado impune?
La impunidad de ayer, más la negligencia y complicidad seguramente son parte de las causas que produjeron la tragedia de Ayotzinapa. Investigar a fondo y “no dejar ningún resquicio a la impunidad”, implicará no sólo lograr la detención y condena de Abarca, del jefe de la policía municipal, de los policías que participaron y de los sicarios que perpetraron la tortura y la muerte de los estudiantes, sino también la investigación y condena por los delitos que resulten de otros responsables. De quines no actuaron oportunamente —por negligencia o por complicidad—, de quienes le brindaron protección política, de los dos procuradores que se quedaron cruzados de brazos (Murillo Karam dijo que René Bejarano no le entregó las pruebas de la muerte de Hernández Cardona a manos de Abarca, pero ¿qué el procurador no tenía la obligación de investigar?, ¿qué no están para eso?, ¿o ahora cada denunciante tiene que buscar las pruebas y hacerle el trabajo a la procuraduría?).
La PGR no atrajo nunca el caso pese a reiteradas peticiones, la procuraduría local tampoco hizo nada. Desde 2012 se corrían rumores de la vinculación del edil y su esposa con el cártel de los Beltrán Leyva, la relación al parecer era obvia. ¿Por qué no se atrajo el caso? La viuda de Hernández Cardona y el testigo que declaró en contra de Abarca tuvieron que acudir a ONGs y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de apoyo para que la investigación avanzara y para que se protegiera al testigo, quien ya era víctima de persecución y amenazas sin que las autoridades locales y federales hicieran nada. La Cancillería sabía también del caso de Hernández Cardona.
El miércoles pasado el PRD pidió disculpas al pueblo de Iguala por haber aceptado que un candidato externo fuese su abanderado a la presidencia municipal y dirigiera la cooptación de la policía municipal por el crimen organizado. ¿Basta con esa disculpa?, ¿no hay algo más de qué disculparse y algo más que hacer?, ¿qué hizo el PRD cuando Abarca fue acusado de homicidio en 2013?, ciertamente algunos lo acusaron pero ¿quiénes lo protegieron?, ¿quién promovió al consejo nacional del PRD a la esposa de Abarca que ya se perfilaba como su sucesora?, ¿acaso ya los conflictos entre tribus perredistas han llegado al grado de que Nueva Izquierda protege a los asesinos de los miembros de las tribus opuestas?
Los resquicios para la impunidad son en realidad puertas abiertas. Algunos expertos en temas de seguridad y corrupción hablan de un “pacto de impunidad” en México entre políticos y criminales: el crimen aporta recursos a los políticos y éstos se vuelven sus operadores y les brindan protección.
Human Rights Watch (HRW) subrayó el pasado miércoles en una carta dirigida al Secretario de Gobernación que “(h)asta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006”, HRW cuenta con 149 casos documentados.
Para llevar a cabo una investigación exhaustiva ¿no tendrían que renunciar a sus cargos públicos o partidistas todos los que permitieron que los crímenes de Abarca quedaran impunes?, ¿o serán ellos mismos los que investiguen ahora el crimen de Ayotzinapa?
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