Juan A. Cruz Parcero
A muchos comienza a inquietar aquella frase aparecida en el Zócalo capitalino: “Fue el Estado”, porque la idea puede tener consecuencias serias. En los últimos días el procurador Murillo Karam, algunos comunicadores y académicos se han dedicado a sostener que no fue el Estado.
El tema está muy candente y a mi juicio se han generado muchas confusiones. Se mezclan diversas cuestiones como, por ejemplo, si al Estado se le puede imputar algún tipo de responsabilidad en el caso de Ayotzinapa, o si se le puede imputar la comisión de dichos crímenes (homicidios, tortura, desaparición forzada, entre otros). Se discute también si se trató de un crimen de lesa humanidad imputable (por definición) al Estado; si de este crimen puede conocer la Corte Penal Internacional. Se discute también si al Presidente se le puede responsabilizar del crimen de algún modo. Son entonces varios asuntos que en este breve espacio no podré abordar en su totalidad.
Que sea posible imputarle al Estado algún tipo de responsabilidad o la comisión del crimen es un asunto que puede abordarse desde distintos puntos de vista. Algunos creen que la respuesta se encuentra en alguna definición del Estado, pero llevados a ese terreno cualquiera encontrará la definición que más le acomode pues la variedad de nociones se presta a ello.
Más allá de cuestiones teóricas, a nivel internacional suele atribuírsele a los Estados responsabilidades de distinta índole por los crímenes que cometen funcionarios, fuerzas del orden u órganos públicos. No es necesario que estén involucrados todos los órdenes de gobierno (eso sería absurdo), importa que sea causalmente significativa la participación de funcionarios u órganos públicos.
Si en el caso de los normalistas participaron funcionarios del estado, no importa entonces que se trate de funcionarios municipales o estatales, pues constitucionalmente forman parte de la estructura del Estado mexicano. En este sentido se puede decir correctamente que el Estado participó en la comisión de los crímenes en contra de los normalistas (dado que intervinieron —al menos— un presidente municipal y las policías municipales de Iguala y Cocula). Esta afirmación sería aceptable a nivel internacional. Sin embargo, de esta afirmación no se sigue que todas las instituciones u órganos del Estado hayan participado en el crimen.
Otra cuestión es si estamos ante un “crimen de lesa humanidad”. El artículo 7, párrafo 1 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como cualquier acto (entre los que se encuentran el asesinato, la persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, raciales étnicos, etc.; y la desaparición forzada de personas, entre otros), cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Afirmar que el crimen de Iguala es un crimen de lesa humanidad me parece una cuestión sujeta a pruebas y a interpretación, por ende, una cuestión debatible. No me parece evidente que sea un crimen de lesa humanidad, pero sí pienso que eso puede ser motivo de una investigación donde además de probar los delitos y su comisión por parte de funcionarios del Estado (que a estas alturas están acreditados), se tendría que probar si se enmarcan en un contexto de agresiones “generalizadas” o “sistemáticas” contra los normalistas. Tales nociones son técnicas y han sido usadas por Cortes y tribunales internacionales en otros casos. Cabe entonces la posibilidad de acreditar que sí sea un crimen de lesa humanidad.
Que al Estado mexicano se le puede imputar el crimen de los estudiantes ante la Corte Penal Internacional, depende no sólo de que los perpetradores sean funcionarios u órganos del Estado y que pudiera constituir un crimen de lesa humanidad, sino también que, de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el hecho delictivo no fuera investigado por el Estado, que el proceso tuviera anomalías graves, que se hubiera actuado parcialmente y sin independencia para dejar impunes a los responsables, que se hubiera actuado con demora injustificada, o que debido al colapso del sistema de justicia no se pudiera hacer comparecer a los responsables.
Para que el crimen no llegue a una Corte Internacional el Estado debe llevar a cabo una investigación profunda, imparcial y no dejar impunes a los responsables.
juan.cruzparcero@razon.mx
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