Juan A. Cruz Parcero
El discurso de la semana pasada del Presidente nos enseña que no será él quien pueda encabezar los cambios que requiere esta crisis que atravesamos. Su iniciativa de diez puntos (más otros tantos sobre desarrollo social) consiste en la reiteración de algunas viejas propuestas, salidas de corte autoritario y excluyente, algunos planteamientos algo ridículos y otros que no son propiamente propuestas sino invitaciones a discutir.
Entre las propuestas recicladas se encuentran la creación de las policías estatales únicas y la creación de la clave única de identidad, sugerencias que ya antes se habían rechazado por sus múltiples problemas. También están las medidas en materia de derechos humanos que el mismo gobierno tenía en la congeladora. Entre las propuestas autoritarias destacan la de militarización de Tierra Caliente (Guerrero y Michoacán) y la del mando único que le dará más poder a los ya de por sí todo-poderosos gobernadores, muchos de los cuales se comportan como caciques a la vieja usanza. ¿Qué pasará cuando sean los mismos gobernadores quienes estén ligados al crimen organizado como ha ocurrido ya en varios Estados?
Algunas de las iniciativas son excluyentes, como la de crear nuevos polos de desarrollo (que también tiene algo de reciclada), pues no contempla la consulta a las comunidades indígenas; se pretende, como ha sido costumbre, imponer modelos de desarrollo desde arriba con la activa participación del sector empresarial, pero sin tomar en cuenta a los posibles afectados o involucrados. La misma visión paternalista de siempre, que no entiende que la gente está reclamando ser tomada en cuenta, no ser ignorada y despreciada.
Las medidas anticorrupción que propone son las que la Cámara de Senadores ya estaba procesando, casi totalmente al margen de la participación ciudadana. Por ejemplo, ahora mismo el Senado discute el nombramiento del fiscal anticorrupción, a quien tendrá que elegir de entre unos 33 aspirantes, casi todos con perfiles grises (con alguna excepción), lo que probablemente nos dará un fiscal a modo sin autonomía y sin credibilidad. Ojalá y me equivoque, pero creo que estas medidas servirán sólo para cubrir apariencias y poco servirán para una lucha real contra la corrupción.
Y llegando a las propuestas que rayan en lo ridículo tenemos la iniciativa contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, que suponen que el mal se acabará por decreto y desapareciendo “legalmente” los poderes municipales. Y qué decir del número de emergencias 911, quizá nos haga sentirnos en una serie norteamericana, pero a la mera hora nos quedaremos esperando una respuesta que nunca llega, que llega tarde o que es ineficaz.
Lo que es cierto es que no se puede encabezar ningún cambio significativo que pretenda consolidar un Estado de derecho, una verdadera lucha contra la corrupción e impunidad, y que genere desarrollo social, cuando el mismo presidente ha perdido toda calidad moral. Quién puede pensar que él mismo se pondrá la soga al cuello en relación al escándalo que lo sigue sobre la licitación del tren rápido y la casa blanca de las Lomas (por más explicaciones inverosímiles que nos han dado). Sin autoridad moral no se puede encabezar ningún cambio creíble.
Quizá por ello ahora las primeras reacciones en la Cámara de Diputados no consistieron en discutir ninguna de sus propuestas, sino aprobar fast track una reforma constitucional sobre un dudoso “derecho a la movilidad”, que nos advierten servirá para restringir las marchas. Pues seguramente ya notaron el poco entusiasmo que despertaron las propuestas de cambio del Presidente y ahora parece más seguro apostarle a medidas autoritarias e ir previendo un marco normativo que permita restringir libertades políticas (los provocadores en las marchas ya tampoco les están resultando muy efectivos).
Las palabras vacías ya no nos sirven, hay que buscar soluciones reales. La sociedad tiene que asumir que el balón está en su cancha, no en la del gobierno ni en la de los partidos, que se comportan como una oligarquía que ve peligrar sus intereses. La sociedad tiene que articular una agenda de cambio con propuestas concretas que impulse con la movilización, la discusión y la presión de la opinión pública. Este enorme malestar social se tiene que comenzar a traducir en cambios institucionales, cambios que la sociedad logre articular, exigir y concretar.
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