Juan A. Cruz Parcero
Un gobierno sin credibilidad sencillamente no puede gobernar de manera democrática, el autoritarismo es su única opción. Gobernar en democracia implica gozar de legitimidad y credibilidad, al menos en un grado suficientemente alto para conseguir la estabilidad y funcionar con normalidad.
La pérdida de credibilidad del gobierno y de algunas instituciones que se ha producido en los dos últimos meses hace difícil un gobierno democrático, uno legítimo. Las salidas de corte autoritario han modelado las propuestas gubernamentales ante la crisis, tanto las contenidas en el decálogo del presidente, como la reforma constitucional sobre el sospechoso derecho a la “movilidad universal” que aprobó la Cámara de Diputados.
La falta de credibilidad lo corroe todo. Un caso claro es lo que está ocurriendo con la investigación del crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La semana pasada se confirmó por los genetistas de la Universidad de Innsbruck (Austria), que una de las muestras analizadas pertenece a Alexander Mora Venancio. Con esto se confirma la muerte de uno de los estudiantes y, si todo fuera normal, sería un indicio fuerte de que el resto de los estudiantes desaparecidos murió en el basurero de Cocula.
La poca credibilidad de la PGR hizo que tuviera que auxiliarse del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pues de otra forma sus investigaciones carecerían de credibilidad no sólo ante los familiares de las víctimas, sino ante el resto de la sociedad. El EAAF si bien confirmó la noticia sobre la compatibilidad de los restos, aclaró que las muestras analizadas fueron encontradas en el río San Juan y no en el basurero; que ellos no estuvieron en el momento en que las bolsas de plástico fueron recuperadas del río por buzos de la PGR.
La falta de credibilidad se la han ganado a pulso las instituciones encargadas de procurar justicia. Desde el sexenio pasado la fabricación de evidencia fue su modus operandi. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia en el Caso de Florence Cassez consideró que “el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo el material probatorio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal…”, el efecto corruptor no fue otra cosa sino la escenificación de la detención de Cassez a cargo de la Agencia Federal de Investigación con la complicidad de una televisora. Hasta donde sé nadie de quienes participaron y ordenaron la puesta en escena ha sido procesado, aun cuando la misma Suprema Corte calificó de graves estas violaciones.
El caso Tlatlaya es otro ejemplo; de no ser porque un medio internacional (Esquire) alertó de una posible ejecución extrajudicial por parte de militares, las procuradurías habrían participado del ocultamiento de ese crimen. La misma PGR se niega ahora a hacer públicos los expedientes alegando que no se trata de un hecho que involucre violaciones graves a los derechos humanos. ¿Si una ejecución extrajudicial no es una violación grave a los derechos humanos para la PGR, qué sí lo es?
Hay muchísimos ejemplos de este tipo que han generado la desconfianza en la procuración de justicia. Por ello ahora se desconfía que la muestra de Alexander Mora provenga del basurero donde presuntamente, bajo la hipótesisw de la PGR, fueron quemados los 43 normalistas. Las dudas comienzan a surgir: ¿y si las bolsas del río provienen de otro lugar?, ¿y si fueron sembradas en el río?
El EAAF sostuvo que hacen falta pruebas técnicas que confirmen la conexión de las bolsas halladas en el río San Juan con el basurero. Hasta ahora esa conexión se basa sólo en los testimonios de quienes confesaron el crimen.
Subsisten otras dudas que la investigación tiene que disipar, hay expertos que alegan que es inverosímil que 43 cuerpos hayan sido casi totalmente calcinados, que las circunstancias alegadas por los testigos confesos no cuadran con lo que se hubiera requerido para casi desintegrar los cuerpos. Estas dudas generan otras, y ello favorece la especulación.
Si a las perplejidades que conlleva toda investigación le sumamos la falta de credibilidad en la autoridad, únicamente nos queda resignarnos a dudar de todo lo que proviene de ella. El problema de fondo es que en democracia una autoridad sin legitimidad sencillamente no puede cumplir sus funciones.
juan.cruzparcero@razon.mx
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