Rafael Rojas
Las medidas que tomó el gobierno de Barack Obama contra siete funcionarios venezolanos y, sobre todo, la declaración de Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, han provocado efectos contraproducentes para la democracia en ese país suramericano y para las relaciones entre Washington y América Latina.
A unas semanas de la Cumbre de las Américas en Panamá, el buen ambiente propiciado por el anuncio del restablecimiento de relaciones con Cuba, en diciembre del año pasado, ha sido desplazado por la vieja estridencia nacionalista.
Los primeros damnificados han sido los opositores venezolanos, que han perdido parte de la visibilidad que ganaron en el último año. Hasta la aplicación de las sanciones, la opinión pública venezolana e internacional estaba centrada en el injusto encarcelamiento de Leopoldo López, el arresto del alcalde Antonio Ledezma, la represión de manifestantes y la mala gestión económica de Nicolás Maduro. Luego de las medidas de Obama, la oposición ha rebajado necesariamente su perfil, consciente de que un apoyo a Washington le restaría popularidad dentro y fuera de Venezuela.
Antes de las sanciones, el gobierno de Nicolás Maduro se veía enfrascado en constantes denuncias de un golpe de Estado, sin poder presentar pruebas convincentes del mismo . Tras el anuncio de Obama, Caracas se siente justificada para entronizar un estado de excepción permanente, que pone en peligro el propio gobierno representativo venezolano, las próximas elecciones y el papel de la oposición en la contienda. La normalidad diplomática es el peor escenario para regímenes que dependen de la limitación de libertades públicas, por supuestas amenazas a la soberanía nacional.
En América Latina, las sanciones han producido una reactivación de los discursos y estrategias más intransigentes. Unasur, que había intentado inicialmente facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición y entre Estados Unidos y Venezuela, ha terminado por plegarse sin fisuras a Maduro. Los problemas internos de gobiernos con políticas interamericanas, como el brasileño, el chileno, el peruano o el colombiano, pesan en ese abandono de la neutralidad por parte de Unasur, pero más pesa, aún, la alianza entre regímenes reacios a cualquier escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
El bloque bolivariano, que ha perdido resonancia en los últimos años, busca reanimarse con la ola de reacciones contra las medidas de Washington. El papel de Raúl Castro en esa reanimación es fundamental, al punto de que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela le sirve a La Habana para cubrir el flanco del inmovilismo fidelista y bolivariano que, sin ser predominante en la isla, se resiste con fuerza a la normalización diplomática. Es pronto para descartar el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba como un daño colateral de las sanciones contra Venezuela, pero es evidente que la línea dura de La Habana y Caracas apuesta por el fracaso de las negociaciones.
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