El republicanismo se basa en la idea de que mientras más personas, mayor probabilidad hay de que se tome la decisión correcta. Sin embargo, el sistema político mexicano –inspirado en el estadounidense– es heredero de una tradición liberal en el que típicamente se ha alejado a las mayorías de la toma de decisiones con el fin de proteger derechos y garantías individuales; pero también decisiones de Estado que han quedado plasmadas en la Constitución.
La revocación de mandato, promesa de campaña del Presidente López Obrador, se encuentra en la cancha del Senado de la República y es parte de su plan político de trabajo para acercar al pueblo a la toma de decisiones y plasmarlo a nivel constitucional.
La revocación de mandato es un ejercicio de participación política en el que los electores retiran de su cargo a un funcionario electo antes de que concluya su periodo en el cargo establecido al momento de su elección. Esta figura ha estado presente en varias Constituciones y leyes locales en Yucatán, Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Nuevo León. A su vez, este mecanismo de participación ciudadana directa existe en países como Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.
En México se han agudizado los señalamientos en contra de este mecanismo, por el corte de izquierda y la duración de los gobiernos que han implementado estas herramientas. Por lo anterior, y con el fin de impulsar la iniciativa en el Congreso, el Presidente firmó un compromiso para la no reelección. Otra presión, por parte de los opositores, tiene que ver con las formas de invocar el ejercicio de la revocación de mandato. Con lo anterior, el Presidente podría realizarlo el mismo día de las votaciones. Esto, argumentan, le permitirá al Presidente comandar, como en las elecciones de 2018, las campañas políticas de Morena y utilizar los recursos del Gobierno en las elecciones intermedias para mantener su control en el Congreso. También se ha argumentado que la potencial reducción del periodo de Gobierno puede generar inestabilidad en el mismo y producir incentivos de no cooperación por parte de otros actores en los Poderes de la Unión y en los estados, afectando su funcionamiento.
Como ejercicio de participación directa es un mecanismo para acercar a la gente a la toma de decisiones y juzgar anticipadamente los resultados del gobierno en turno. Junto con otros instrumentos, como las consultas populares, estos ejercicios están basados en fortalecer el concepto de libertad de los individuos y evitar que la desigualdad que impera en el país se agudice ante actos de autoridad incuestionables, hasta las próximas elecciones. Es justamente la atención a un sector marginado típicamente por el Estado y los canales institucionales tradicionales lo que le da sentido a este ejercicio y que se pueda imaginar su posible resultado.