Como suelo hacer en este espacio cada cambio de año, dedico las colaboraciones de esta época para presentar un balance de los que, a mi juicio, fueron los sucesos más importantes, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional, en el ciclo anual que está por terminar. En esta entrega, lo más relevante que ocurrió en el país.
2024 quedará marcado como el año del inicio del fin de la democracia constitucional pluralista, tal como la conocimos, como sello distintivo de la —ahora lo sabemos— precaria transición democrática que el país experimentó en las últimas tres décadas. En el evento conmemorativo del 107 aniversario de la Constitución, Andrés Manuel López Obrador anunció una veintena de iniciativas de reformas constitucionales y legales que, además de darle contenido a la campaña presidencial de su candidata, infaustamente se convertirían en manual a obedecer para el Gobierno federal y los congresos de la Unión y locales, dominados por el oficialismo, que emanaron de las elecciones generales del 2 de junio, marcadas por un importante incremento en la violencia electoral. La construcción de mayorías legislativas artificiales que posibilitaron la aprobación de las reformas que se han consumado a la fecha fue también un ominoso signo distintivo de año que concluye.
Dentro de toda esa agenda plagada de absurdos, caprichos y un fuerte talante destructivo, resalta como particularmente notoria la aprobación de la mal llamada reforma judicial, sin duda lo más grave que le ha ocurrido a la democracia mexicana. Con la captura del Poder Judicial por parte del oficialismo se da un paso más, sin precedentes; un punto de no retorno en la construcción de una hegemonía que sigue promoviendo la polarización, el encono y el antagonismo político. En esta guerra sin cuartel hacia la destrucción de la carrera judicial y de uno de los poderes de la República tal como lo conocimos —como garante del cumplimiento de la Constitución y como equilibrio y contención ante los desmanes del Ejecutivo—, hay que señalar el arrojo y la valentía con la que un grupo de ministros de la Suprema Corte (Norma Piña, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo y Luis María Aguilar —hoy en retiro—) dieron la batalla en defensa de la autonomía del Poder Judicial, lucha a que se sumaron miles de trabajadores del ramo y que fue respaldada con protestas de múltiples sectores de la sociedad civil. No alcanzó. Así como el 11 de septiembre tiene una connotación trágica en Chile o en Estados Unidos, a partir de 2024 se puede señalar como fecha infame al 11-S mexicano.
Rocha Cantú en París
A esa tragedia mayor se sumó la aprobación de la extinción de siete organismos constitucionales autónomos o semiautónomos, destacando principalmente el Inai, la Cofece y el IFT. Si hace 5 años fue un escándalo el nombramiento de Rosario Piedra al frente de la CNDH, su ratificación este año para un nuevo periodo fue simplemente obscena. Una verdadera afrenta para las miles de víctimas en el país.
Terminó el gobierno más violento en la historia del país: prácticamente, 200 homicidios al día entre 2018 y 2024. El que arranca nada más no rectifica el rumbo, y con agravantes, como la dantesca situación que, desde que un líder del crimen organizado fue llevado a Estados Unidos, ha fustigado a sangre y fuego a Sinaloa.
Ni bien empezaba a recuperarse la población de Acapulco de los estragos del huracán Otis, de 2023, cuando vendría otro, John, que significó un retroceso en la reconstrucción del puerto. Todo ello sin el menor costo para el grupo político responsable de atender la crisis, que incluso fue premiado en las últimas elecciones.
En suma, un año triste, regresivo, marcado por la destrucción en muy distintas acepciones.
