La elección de jueces, magistrados y ministros en México para 2025 representa un punto de inflexión en la historia del país. La reforma judicial plantea un proceso inédito en el que el pueblo decidirá a quienes ocuparán estos cargos, pero bajo reglas que, paradójicamente, limitan el acceso a información crucial para tomar una decisión informada.
A diferencia de la tradicional fórmula de elegir perfiles meritocráticos y probados, se plantea una fórmula donde el electorado opte por perfiles sin más información. El objetivo es que la elección sea popular y no representativa.
Entre estas restricciones, destaca la ausencia de campañas y la confección de listas de candidatos por parte del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ante esta realidad, los debates se vuelven una herramienta indispensable para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en este nuevo modelo electoral. Frente a la ausencia de campañas, programas o manifiestos, la confrontación de ideas y valores podría ser la única herramienta para que la ciudadanía ejerza un voto razonado.
Magnicharters, de pena
La función de los jueces, magistrados y ministros es clave para el equilibrio democrático. A diferencia de los cargos legislativos o ejecutivos, su labor no es proponer leyes ni ejecutar políticas, sino interpretar y aplicar la Constitución con imparcialidad. Sin embargo, esto no significa que los votantes deban elegir a ciegas. Es imperativo que los ciudadanos conozcan el perfil, la trayectoria y la visión de quienes aspiran a ocupar estos cargos.
El reto es evitar que las maquinarias partidistas puedan instruir a quién elegir mediante instrucciones básicas como señalar a X candidatura. La celebración de debates por parte del INE permitirá alejarse de un ejercicio donde el electorado se limite a elegir nombres sin comprender realmente sus posturas sobre temas fundamentales como el acceso a la justicia, los derechos humanos o la independencia judicial.
La labor fundamental de la autoridad electoral es garantizar el voto libre y razonado. En este contexto, los debates permitirían evaluar a los candidatos en igualdad de condiciones, contrastar sus puntos de vista y exponer cualquier posible conflicto de interés que comprometa su independencia. Además, fomentarían la rendición de cuentas desde el primer momento, un aspecto esencial para la legitimidad del proceso.
Algunos argumentarán que la naturaleza técnica del Poder Judicial hace innecesarios los debates y que la trayectoria profesional de los candidatos debería ser el único criterio de evaluación. Sin embargo, esto ignora un aspecto fundamental: la imparcialidad y la ética no se desprenden sólo de un currículum, sino de la manera en que cada candidato enfrenta dilemas jurídicos y responde a cuestionamientos ciudadanos. Un debate permitiría detectar contradicciones, conocer sus posturas sobre la interpretación de la ley y evaluar su compromiso con la autonomía judicial.
Se debe garantizar que la elección sea genuina y no una simulación. En este sentido, la realización de debates no sólo es pertinente, sino necesaria. De lo contrario, el riesgo es claro.
