La paradoja existía desde el principio. ¿Cómo reformar un sistema de jueces constitucionales sin que esos jueces, perjudicados por la reforma, ejercieran el poder de detenerla?
El sistema judicial mexicano otorgaba a los juzgadores de amparo un poder sin parangón. Un solo juez, en cualquier parte del país, tiene la facultad de suspender leyes, invalidar subastas públicas o paralizar reformas estructurales enteras, antes incluso de que se resuelva el fondo de los casos. Incluso en temas que tenían prohibidos, como el electoral, los jueces de amparo pueden arreglárselas para intervenir, empleando alguna maña. Este esquema, que nació como un mecanismo para proteger derechos individuales frente al autoritarismo, se había convertido en una piedra en el zapato del Leviatán.
La paradoja de que jueces afectados por la reforma pararan las máquinas que los machucaban ocurrió y entonces intervinieron el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. Renunciaron los cinco integrantes del comité que evaluaba candidatos al Poder Judicial, argumentando una imposibilidad jurídica. Por un lado, jueces de distrito les ordenaban detener sus actividades, por otro lado, el Tribunal Electoral las transfería al Senado. Este choque de decisiones evidencia el caos normativo y la polarización ideológica que, al leer estas letras, está en tu propia cabeza, querido lector. ¿O no estás tomando partido entre jueces de amparo y el Tribunal Electoral?
Una rayita más al tigre
¿Y con la reforma judicial superaremos este tipo de problemas? Hay innumerables riesgos. Yo no apoyé una cirugía tan peligrosa y condenada por los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero veamos con cabeza fría. La reforma propone su propia solución a la paradoja de los jueces irreformables, sin desaparecer el juicio de amparo. Busca someter a los togados a dos límites: la opinión pública que les hace ganar la elección y el Tribunal de Disciplina Judicial, que sanciona que se aparten de la ley, que orinen fuera de la bacinica. Por ejemplo, un juez buscará complacer a las redes sociales avalando el linchamiento digital a un junior golpeador, pero sin pasarse de la raya porque lo sancionarían. Cierto, muchos críticos dicen que la verdadera intención no es ésa, sino acabar con la independencia judicial. Y es preocupante la gran popularidad que tienen aspirantes a la Corte con escasa honorabilidad.
Entonces, las dos fuentes de legitimidad son: en primer lugar, la veleidosa opinión pública que hará ganar a jueces en las urnas porque tienen prestigio e independencia o, al contrario, lealtad y redes políticas. En segundo lugar, el Tribunal de Disciplina Judicial que, se supone, vigilará su apego a las normas. Se trata de los dos grandes bandos del pensamiento jurídico: el iusnaturalista, que se acerca a la moral, a alguna moral, y el iuspositivista, que exige el apego estricto a la ley. Si bien el arranque será caótico, crucemos los dedos para que la máquina se estabilice con el tiempo, que emerja cierta pluralidad en la aplanadora morenista y la sabiduría de los electores nos sorprenda. Que se haga el milagro. Lo deseo, pero casi no lo creo.