La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy un proyecto para resolver el conflicto de competencias entre las sentencias de distintos jueces federales y la Sala Superior del Tribunal Electoral. A primera vista, parecería un procedimiento ordinario: el máximo tribunal resolviendo una disputa entre órganos del Poder Judicial.
Sin embargo, una mayoría de magistrados electorales no sólo ha cuestionado la autoridad de la Corte para pronunciarse sobre su actuación, sino que también han descalificado a sus integrantes.
En una conferencia de prensa, tres magistrados del Tribunal Electoral anunciaron que solicitaron la recusación de cuatro ministros de la Corte, argumentando que se han manifestado públicamente sobre la llamada reforma judicial. Esta petición resulta inaudita por varias razones. En primer lugar, la Corte no está resolviendo sobre la reforma judicial en sí, sino sobre la competencia de los órganos del Poder Judicial para atender asuntos relacionados con ella. En segundo lugar, los magistrados sólo señalan a cuatro ministros, omitiendo deliberadamente a ministras que también se han expresado al respecto, pero en sentido favorable a la reforma. En tercer lugar, su estrategia parece calculada: al intentar excluir a cuatro ministros, buscan asegurar que el quórum restante favorezca su postura, confiando en que al menos tres votos les sean favorables. Con esta maniobra, cualquier vestigio de decoro por parte del máximo órgano electoral parece haberse agotado.
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
Lo más sorprendente es que el proyecto en cuestión no tendría mayores consecuencias más allá de delimitar la competencia de los distintos órganos del Poder Judicial Federal. No suspendería el proceso de elección de órganos judiciales ni invalidaría las múltiples sentencias emitidas por el Tribunal Electoral en este proceso. Resulta especialmente llamativo que se intente bloquear la deliberación del Pleno, considerando que las instancias involucradas están acostumbradas a enfrentar intentos de recusación en el ejercicio ordinario de su función jurisdiccional.
El desmantelamiento de uno de los Poderes de la Unión parece tan inevitable como ilegítimo. Desde la aprobación de la reforma constitucional para elegir a los jueces, pasando por plazos excesivamente cortos que han derivado en decisiones que perjudican la organización de los comicios, hasta resoluciones que han beneficiado sistemáticamente al partido en el Gobierno -basta recordar el increíble traslado de la responsabilidad del Comité del Poder Judicial al Legislativo-, el panorama es preocupante. A esto se suma la falta de información clara para la ciudadanía sobre las propuestas de los candidatos, el uso de precampañas disfrazadas y un proceso electoral cada vez más cuestionado.
Desgraciadamente, el actuar de la mayoría del Tribunal Electoral es un anuncio de qué esperar de los órganos de justicia por venir. La captura de un Poder de la Unión que está diseñado para actuar como contrapeso a la Presidencia y al Congreso desdibuja el sistema democrático que ha funcionado durante cientos de años en múltiples sociedades. No se puede considerar a un sistema político como democrático frente a la sumisión del poder revisor al régimen de Gobierno.
