En respuesta al arresto de Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia detenido esta semana por las autoridades migratorias de Estados Unidos en represalia por su activismo pro-palestino, se han formado rápidamente dos bandos diametralmente opuestos, como ocurre en todo lo relacionado con el conflicto israelí-palestino.
Por un lado, hay quienes apoyan sin reservas la decisión del presidente Trump de detener a un activista inmigrante que se pronunció abiertamente a favor de la organización terrorista Hamas; por el otro, están quienes han salido en su defensa, convirtiéndolo en pocas horas en un nuevo mártir de la causa palestina.
Quienes defienden a Khalil se basan principalmente en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a la libertad de expresión. Hasta el momento, el gobierno de Trump no ha acusado a Khalil de ningún crimen. Expresarse a favor de una organización terrorista o manifestarse en favor de cualquier causa, por más nefasta que esta sea, no es, según la ley estadounidense, un delito. Es por esto que, a diferencia de Europa, donde existen límites legales a la libertad de expresión, en Estados Unidos grupos neonazis pueden manifestarse libremente.
Versión Impresa, 26 de Marzo 2026
Sin embargo, según lo argumenta la administración Trump, las protecciones de la primera enmienda sólo aplican a los ciudadanos y no a inmigrantes o residentes. Si bien es cierto que la detención parece arbitraria y un atentado contra la libertad de expresión, el argumento que sostiene que Estados Unidos no tiene por qué tolerar en sus fronteras, ni mucho menos otorgar la ciudadanía, a un inmigrante que apoya abiertamente a un grupo que el gobierno de este país ha clasificado como una organización terrorista, resulta plausible. Más aún cuando dicho grupo tiene secuestrados a ciudadanos estadounidenses.
¿Protege la primera enmienda a todos los que se encuentren en territorio estadounidense o sólo a los ciudadanos? Se trata de una interrogante legal que aún no tiene respuesta y que tendrá que ser resuelta en los tribunales. No es un asunto claro y contundente como los defensores de Khalil intentan hacer creer. El arresto de este activista es alarmante, pues podría ser el inicio de una persecución política no sólo de activistas pro-palestinos, sino de cualquiera que se oponga a las ideas del presidente. El hecho de que no se trate sólo de un estudiante, sino también de un residente, resulta preocupante, ya que marca una línea roja que el gobierno de Estados Unidos no había cruzado antes. Sin embargo, una defensa ciega de Khalil sólo podría perjudicar la lucha por la libertad frente al régimen de Trump. El secreto está en los matices.
