La violencia criminal es, sin duda, el principal problema político y social que ha sufrido el país en lo que va del actual siglo.
Sin embargo, se pueden identificar algunos hitos que, por el horror producido, llevan más allá los límites de la deshumanización, por el grado extremo de crueldad infligida.
Desde el cambio de gobierno en 2018 y el establecimiento de la (no) estrategia de combate a las organizaciones criminales, conocida por todo mundo como “abrazos y no balazos”, ha sido innegable el crecimiento de distintas formas de violencia. Véanse las cifras oficiales de personas desaparecidas y homicidios violentos. La cotidianidad diaria con la que los medios de comunicación reportan homicidios, desapariciones y otras agresiones, ha generado en ciertos sectores de la sociedad una suerte de normalización de la violencia.
Magnicharters, de pena
Hay, desde luego, una lamentable multiplicidad de hechos desafortunados, por lo que ya no parecería “normal” que un hallazgo como el denunciado por el heroico colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco generara tanta indignación nacional y atención global; aunque, por supuesto, lo merece, dado su grado superlativo de horror y violencia criminal. A reserva de su evolución, se trata, por razones fundadas, del caso que mayor relevancia mediática ha generado desde Ayotzinapa. Un nuevo hito.
Lo que se ha difundido por parte de Guerreros Buscadores de Jalisco desde la primera publicación, a principios de marzo, ha develado una escalada sobre cómo organizaciones delincuenciales han generado una industria de la violencia criminal. De lo mostrado hasta ahora y del testimonio de personas sobrevivientes, se desprende que el predio de Izaguirre fue un lugar de leva, levantamiento, tortura, trabajos forzados, entrenamiento para ingreso a las filas de organizaciones criminales, asesinatos y cremación de restos humanos. Las escalofriantes imágenes del apilamiento de huesos, zapatos y ropa, de inmediato remiten al horror de los campos de concentración y exterminio nazis. De ahí que se haya empezado a hablar del “Auschwitz mexicano”.
Entre lo que más ha indignado, la “investigación” en el sitio que, apenas a finales de septiembre de 2024, realizó la fiscalía de Jalisco. Claro, como mucha gente andaba acumulando confeti para los próximos cambios de gobierno, no fuera a ser que se arruinaran las fiestas.
Desde luego, hay responsabilidad política y penal en los tres órdenes de gobierno. Las marchas y veladas en Guadalajara, en la Ciudad de México y en otros puntos del país dan muestra de ello. La pacífica y poderosa concentración en el Zócalo ya dejó una imagen indeleble en el gobierno federal. Ante las justificadas exigencias de justicia de los colectivos de madres buscadoras, a las que sistemáticamente el actual régimen ha ninguneado, se responde con la ya clásica receta: deslindar la culpa en otros (de preferencia, en el pasado) y victimizarse, ya que la ciudadanía pone las desapariciones y asesinatos, mientras que el régimen es la “víctima” de los ataques.
Gravísima la deshumanización y el salvajismo en ciertos sectores de la sociedad mexicana y lamentable la respuesta de la clase política. Honor a quien honor merece, la incansable, valiente y arriesgada lucha de las madres y organizaciones buscadoras, por el doble riesgo con el que cotidianamente lidian: la amenaza de las organizaciones criminales y la indolencia de las autoridades (gobiernos y fiscalías).
