El fin de semana pasado, Donald Trump volvió a desafiar el orden jurídico estadounidense. Esta vez, cuestionó la validez de los indultos otorgados por Joe Biden. A través de su red social, el presidente de Estados Unidos afirmó:
“Los indultos que el ‘somnoliento’ Joe Biden otorgó al Comité de Matones Políticos —refiriéndose al comité del Congreso encargado de investigar el asalto al Capitolio— y a muchos otros, se declaran nulos, sin valor y sin efecto, debido a que fueron firmados con una pluma electrónica (autopen)”.
Desde el punto de vista estrictamente legal, el Departamento de Justicia estableció en 2005 que un presidente no necesita firmar físicamente un documento para que éste tenga validez. Pero, como es costumbre, la legalidad es para Trump un obstáculo menor.
Una rayita más al tigre
En realidad, no estamos ante un debate jurídico, sino ante un acto de revancha. Se trata del primer paso en un ajuste de cuentas contra los funcionarios que lo investigaron por las irregularidades de su primer mandato y el asalto al Capitolio.
Su postura resulta alarmante, no sólo por el desdén con el que trata el trabajo previamente realizado, sino porque representa un desmantelamiento institucional. Aunque imperfectas, estas instituciones han construido condiciones de vida mejores para muchos. Trump interpreta el derecho a su conveniencia, desprecia la razón y exalta sus propios caprichos.
Más inquietante aún es que no es el primero ni será el último en hacerlo. Líderes con menos poder que él han vulnerado la ley en los ámbitos que dominan, mientras los demás hemos aprendido a convivir con ello. No es momento para baños de pureza jurídica: hemos normalizado los abusos de poder. La diferencia es que el desafío de Trump al Estado de derecho hoy nos afecta a todos.
El debilitamiento de las instituciones despierta un temor legítimo: cuando la legalidad colapsa, la venganza puede volverse contra quienes la impulsaron. Los otrora humillados y ofendidos, liberados de la obligación de respetar la ley, podrían usar cualquier recurso a su alcance para ajustar cuentas.
Más que demonizar a Trump o lamentarnos en un mar de agravios, deberíamos hablar seriamente de Estado de derecho e institucionalidad. Menos pontificar y más actuar con coherencia respecto a los valores y principios que han evitado un conflicto global en los últimos 79 años.
Por más que nos cueste admitirlo, para muchos, la democracia y lo que representa son irrelevantes. Prefieren menos libertades antes que aprender tolerancia; sacrificar opciones a cambio de una estabilidad económica aparente. Venden su voto, su voz o su pluma por treinta monedas y la ilusión de seguridad.
Sí, Trump es un matón antidemocrático, enemigo de la división de poderes, autoritario, sectario y nativista. Pero no es un fenómeno aislado: existe porque un ecosistema político y social lo tolera, lo permite y, sobre todo, lo vota.
