A finales de 2015, en una cena con amigos, este inquieto Duende escuchó que el gobierno de la Ciudad de México —encabezado en aquel entonces por Miguel Ángel Mancera— pretendía imponer un nuevo sistema de multas.
Esto con la finalidad de reducir la cantidad de infracciones que se cometían en la capital del país. El sistema era revolucionario, pues nunca antes se había aplicado en una urbe en la que a diario mueren en promedio dos personas en hechos de tránsito.
Con la hiperactividad que me caracteriza, comencé a tocar puertas y a preguntar a diferentes fuentes hasta que me enteré del nombre del sistema: “Fotomultas”. Vía transparencia, mejor dicho, vía el Instituto Nacional de Transparencia, pedí el contrato que el gobierno de Mancera hizo con la empresa que brindaría el servicio en toda la ciudad. Tras unas semanas obtuve copia simple del documento que buscaba.
Les ganan las ansias y la riegan
Lo que encontré fue que, lejos de un esquema que previniera accidentes viales, lo que en realidad estaba en puerta era un enorme negocio. El contrato entre el gobierno local y la empresa “Autotraffic” establecía una meta de multas diarias, como si fueran hamburguesas: 150 mil multas mensuales, cinco mil por día.
La empresa cobraría un porcentaje de prácticamente la mitad de cada multa, sin contar los más de 170 millones de pesos que la administración local le pagaría por el servicio. Un negocio que hoy sería un auténtico escándalo.
Desde luego el gobierno de la Ciudad de México negó que hubiera una meta diaria de multas que generaran ganancias millonarias, y que irían, la mitad a las finanzas públicas, pero la otra mitad a los bolsillos de la empresa prestadora del servicio.
Tras conocerse la información y luego de la presión social ejercida, se tuvo que modificar el contrato y así, no sólo se evitó un abuso a los automovilistas chilangos, sino también un acto de corrupción de cientos de millones de pesos.
¿Por qué le cuento esta historia? Porque la semana pasada con la extinción del Inai, la posibilidad de que sepamos con transparencia las acciones del Gobierno es mínima, ahora, cuando un ciudadano o un periodista requiera conocer un contrato entre Gobierno y privados, primero pasará por el aval de distintos funcionarios públicos y no de entes independientes que, en su mayoría, le daban la razón al solicitante.
Como en el caso de las fotomultas de Mancera, durante más de 20 años infinidad de investigaciones periodísticas dieron cuenta de tremendos actos de corrupción y acciones de gobierno muy oscuras. La gran mayoría salió a la luz gracias al andamiaje de transparencia que se construyó por muchos años y que hoy, bajo la bandera de la “dizque” austeridad y de un plumazo, se ha eliminado.
En el baúl. Y no todo era miel en el Inai, las patadas por debajo de la mesa en el pleno estaban a la orden del día. Incluso el último día de sesiones se dejó entrever que las cosas no estaban bien entre los cuatro integrantes. Algunos se acusaban de estar con el Gobierno y filtrar información sensible que ayudó a formar la “mala fama” del organismo; otros decían que había desvío de recursos. Seguro había cosas que ajustar, pero, definitivamente, no para desaparecerlo por completo.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!
