El parlamento húngaro aprobó el 18 de marzo una reforma a la Ley sobre el Derecho de Reunión que prohíbe la celebración del Desfile del Orgullo homosexual.
La propuesta de modificación fue presentada el día anterior y, a pesar de no haber sido consultada previamente, recibió el visto bueno de 136 legisladores pertenecientes al partido Fidesz del presidente Orbán y a sus aliados demócrata-cristianos. La norma, que entrará en vigor el 15 de abril, impone multas de hasta 500 euros a quienes lo organicen y participen, al tiempo que prevé que las autoridades utilicen un software de reconocimiento facial a fin de identificar a los asistentes y sancionarlos.
Ésta no es la primera vez que el Gobierno de Orbán muestra intolerancia hacia el colectivo de la diversidad sexual. En 2020 prohibió la adopción de menores a cargo de parejas del mismo sexo, así como el reconocimiento legal a personas transgénero. Un año después se aprobaron modificaciones a la ley de protección a la infancia de manera que quedaron prohibidas la “representación o promoción” de la homosexualidad en contenidos disponibles para menores como cine, televisión, libros y publicidad. También prohibió la mención de cuestiones relativas a la diversidad sexual en los programas educativos escolares, así como la representación pública de “género que se desvía del sexo de nacimiento”. Los libreros han sido multados por no envolver los libros relacionados con temas de la diversidad sexual. Si bien el Gobierno justifica que sus políticas están orientadas a proteger a la infancia de la “propaganda sexual”, sus críticos han señalado que lo que realmente busca es reducir la visibilidad del colectivo gay al vincular la homosexualidad con la pedofilia. Señalan que, independientemente de ser violatoria a las libertades de expresión y asociación, lo más grave es que impide a los menores de edad tener acceso a información objetiva, científicamente probada y correcta.
En 2022, la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea presentó una demanda contra la ley de protección a la infancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la que se adhirieron 16 países comunitarios. La Comisión argumentó que, al discriminar a las personas con base en su orientación sexual e identidad de género, la ley viola el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que establece como base los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad. Si bien en febrero pasado se llevó a cabo una audiencia donde se escuchó a las partes, habrá que esperar varios meses antes que el Tribunal emita una sentencia definitiva. Independientemente de la vía legal, la Comisión ha recomendado que los fondos de la Unión Europea para Hungría se mantengan congelados por las violaciones a los principios del Estado de derecho. Habrá que esperar al próximo 28 de junio para observar si se lleva a cabo en Budapest la 30.a edición del Día del Orgullo homosexual, o si el Gobierno prohíbe la marcha y multa a los participantes.
