El próximo 30 de marzo darán inicio las campañas de las personas que aspiran a ocupar alguno de los 881 cargos que estarán en disputa dentro del Poder Judicial de la Federación, en la jornada electoral del 01 de junio de 2025. En esta vertiente, es relevante mencionar que nuestro país tiene como forma de Gobierno una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, unidos en una Federación; lo que implica que los mexicanos tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes, según se ajusten a nuestras ideas, objetivos o pensamientos, ya que estos serán los encargados de dirigir el rumbo del país a través del ejercicio del Poder Público, el cual no debe perderse de vista dimana del pueblo y se instituye únicamente para su beneficio.
El pueblo mexicano ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, toda vez que, la división de poderes es un principio fundamental en nuestro país, pues asegura que sea gobernado con justicia y sin abusos. El Poder Legislativo, depositado en el Congreso de la Unión, tiene a su cargo la elaboración, modificación, así como la supresión de las leyes que rigen en nuestro país; el Poder Ejecutivo, depositado en una Presidenta o Presidente, tiene a su cargo hacer cumplir las leyes, y la de coordinar la Administración Pública Federal; mientras que el Poder Judicial, depositado en las y los juzgadores del país, tiene bajo su tutela la protección y garantía de los Derechos Humanos, la resolución de conflictos que surjan entre las personas y entre estas con el gobierno, a través de la aplicación e interpretación de las leyes, manteniendo el equilibrio entre los Poderes del Estado y el mismo orden constitucional.
En esta tesitura, es claro que los tres Poderes de la Unión juegan un papel necesario y trascendental en el funcionamiento del país y, por tanto, en beneficio del pueblo mexicano, sin embargo, a pesar de que todo poder público viene del pueblo y es para el pueblo, hasta antes del 15 de septiembre de 2024 los mexicanos solamente podíamos elegir a nuestros representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a través de procesos democráticos. Por años el Poder Judicial se encontró ajeno al pueblo, pues difícilmente la mayoría de la población conocía a sus Ministros, Magistrados o Jueces, el acudir ante una autoridad jurisdiccional representaba todo un desafío, no solamente porque el caótico sistema jurídico nacional hace indispensable la ayuda de un abogado, sino porque también el pretender iniciar un proceso jurisdiccional generaba una gran desconfianza en los ciudadanos dada la corrupción, tráfico de influencias y nepotismo que afectaron sustancialmente a dicho Poder, según datos de la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública”2 el 64.6% de la población de 18 años y más, considera que los Jueces son corruptos, y solo el 18.9% de la misma población, identificó a los jueces como autoridades.
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
Lo anterior es muestra del distanciamiento y desconfianza que la población tiene en sus juzgadores, haciendo evidente la necesidad de un cambio radical en la forma en que había venido funcionando nuestro Poder Judicial, siendo elemental legitimar el ejercicio del Poder Público a cargo de los juzgadores, acercándolos al pueblo y con ello romper la burbuja en la que se encontraban, pues no debe perderse de vista que son servidores públicos, y por tanto se deben al servicio del pueblo.
El próximo 30 de marzo los mexicanos tendremos la oportunidad durante 60 días de conocer a las personas que serán nuestras juzgadoras, de cuestionarlas y evaluarlas, de expresarles nuestras necesidades e ideas, de informarnos a detalle de su trayectoria y perfil, con el propósito de estar en posibilidad el 01 de junio, de emitir un voto informado y responsable, pues no debemos olvidar la noble tarea que recae en este Poder, la cual consiste básicamente en la impartición de justicia. Es fundamental la participación de todas y todos, no debemos desaprovechar esta oportunidad para cambiar el rumbo del país. Es tiempo de participar, a fin de consolidar el crecimiento y fortalecimiento de México, hagámoslo por el futuro de nuestras familias, amigos y seres queridos, porque si nos va bien a todos, le va bien a México.
1 Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con estudios de Maestría en la Universidad de Sowthwestern Law School en Los Ángeles California y en la Universidad Nacional Autónoma de México; se ha especializado en temas de Justicia Alternativa, Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal.
2 “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública”, INEGI, consultado el 24 de marzo de 2025, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
