En Brasil nunca se juzgó y condenó a los militares que perpetraron el golpe contra el presidente Joao Goulart en 1964 e implantaron una larga y costosa dictadura. Las memorias Ainda estou aqui (2015) de Marcelo Rubens Paiva, sobre la desaparición de su padre y la lucha de su madre contra la mentira y el Alzheimer, llevadas al cine por Walter Sales, son un recordatorio tajante de la impunidad en el Brasil contemporáneo.
Paradójicamente, en Brasil se han vuelto comunes el lawfare y los procesos judiciales o políticos contra jefes de Estado o figuras de alto perfil gubernamental. Dilma Rousseff fue sometida a juicio político y destituida de la presidencia en 2016. Al año siguiente, el juez Sergio Moro, cercano al líder derechista Jair Bolsonaro, condenó a Lula da Silva por implicaciones de corrupción con la Operación Lava Jato.
Entre 2018 y 2019 Lula estuvo preso en Curitiba, hasta que el Tribunal Federal del Brasil detectó irregularidades en los procesos en su contra, conducidos por Moro. En 2021, cuando todavía gobernaba Bolsonaro, la justicia brasileña desestimó las acusaciones y condenas contra Lula por parcialidad procesal. Lula se preparó para competir en las elecciones de octubre de 2022 y ganó la presidencia.
El 8 de enero de 2023, en una evidente imitación del 6 de enero 2021 en el Capitolio de Washington, cuando los trumpistas tomaron el Congreso, seguidores de Bolsonaro asaltaron el Palacio de Planalto, el poder legislativo federal y el Tribunal Supremo de Brasilia. Las acciones, concebidas para evitar la toma de posesión de Lula, contaron con el apoyo de una parte de la alta jerarquía militar del país.
Aquellas acciones, que recordaban no sólo el asalto al Capitolio de Washington sino la larga tradición de asonadas militares en América Latina y el Caribe, han dado lugar a un proceso judicial contra Bolsonaro y varios oficiales del ejército. Entre éstos se encuentran tres generales, que ocupaban posiciones decisivas en la capital brasileña en 2023: Augusto Heleno, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional; Paulo Sergio Nogueira, ministro de Defensa; y Braga Netto, ministro de la Casa Civil.
Para buena parte de la opinión pública brasileña el juicio contra Bolsonaro y sus generales es un procesamiento judicial del linaje golpista de la derecha autoritaria. Con independencia de cuál sea su desenlace, esta causa jurídica pone un alto a la creciente impunidad con que se conducen las nuevas derechas de la región, convencidas de que las dictaduras militares de la Guerra Fría estaban justificadas por combatir el comunismo.
Pero el caso contra Bolsonaro entraña también el riesgo de que la historia se repita y que el líder de la derecha brasileña logre victimizarse y aumentar su popularidad, de cara a las elecciones de 2026. Lo hizo también Trump en Estados Unidos, quien convenció a no pocos de sus seguidores internos y aliados internacionales, de que estaba siendo sometido a una persecución política.