En uno de los desvaríos más notorios impulsados por la administración Trump, figura la reactivación de la pena de muerte. Mediante la Orden Ejecutiva 14164, emitida el 20 de enero de este año, la Casa Blanca anunció la restauración de la pena de muerte como una medida de protección de la seguridad pública.
La fiscal general, Pamela Bondi, envió un memorándum el 5 de febrero a todo el personal de justicia, instruyéndoles a “revivir la aplicación de la pena de muerte a nivel federal y a levantar la moratoria sobre las ejecuciones federales pendientes”.
El 1 de abril, la fiscal Bondi solicitó formalmente la pena de muerte para Luigi Mangione, acusado del asesinato de Brian Thompson, director general de una de las mayores aseguradoras del país, conocida por su alta tasa de negación de cobertura. Bondi declaró: “El asesinato de Brian Thompson, un hombre inocente y padre de dos niños, a manos de Luigi Mangione fue un crimen premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos. Tras una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales solicitar la pena de muerte en este caso, mientras avanzamos con la agenda del presidente Trump para detener los crímenes violentos y asegurar la seguridad nacional”.
Como mencioné en un artículo para Nexos (https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-etica-en-el-banquillo-el-caso-mangione-y-las-aseguradoras-de-salud/), la figura de Mangione, aunque seductora como un justiciero, no justifica éticamente sus actos. Si bien sus motivos pueden entenderse, no hay justificación moral para el asesinato, ya sea cometido por un ciudadano o por el Estado.
Es crucial señalar que Brian Thompson no era tan inocente. Bajo su dirección en UnitedHealthCare, la tasa de rechazo de cobertura médica para adultos mayores alcanzó un alarmante 83.7% en 2022. Si la administración Trump y la fiscal general consideran apropiada la pena de muerte para crímenes a sangre fría en territorio estadounidense que comprometen la seguridad nacional, entonces deberían extender la misma lógica a Thompson y otros directivos de aseguradoras que han lucrado a expensas de la salud pública, causando miles de muertes.
De no considerarlo así, entonces deberían proceder con sanciones contra Mangione por el asesinato, y continuar con las investigaciones iniciadas por el Senado en 2023 para reformar y sancionar las prácticas abusivas de las aseguradoras. Mangione no es la enfermedad; es un síntoma del enfermo y abusivo sistema de salud norteamericano y, cabe mencionar, mundial.
Finalmente, el título de este artículo emplea una ironía deliberada que refleja la absurda medida impulsada por Trump y Bondi. Su intención de “revivir” la capacidad de anular irrevocablemente la vida de una persona ilustra que, en no pocas ocasiones, resulta crucial poder reconsiderar y volver sobre nuestros propios pasos.