El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares al Gobierno de México ante la duda de si en el país las personas desaparecen de manera sistemática y recurrente.
Hay registros, no oficiales, que estiman en 124 mil los seres humanos desaparecidos en México. El CDE de la ONU alertó sobre la probable colusión de autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado.
Al Gobierno mexicano no le gustó el criterio ni la acción del colectivo multinacional. A través de múltiples voceros acusó parcialidad y sentido político opuesto a un Gobierno autoproclamado como progresista y humanista.
Según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ésta se define como la detención, arresto o secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometidos por agentes del Estado o personas y/o grupos que actúan con su autorización, apoyo o conocimiento y tolerancia, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultar la suerte o el paradero de la persona desaparecida, situándola fuera de la protección de la ley.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó tajantemente la medida cautelar detonada por la incautación del rancho Izaguirre en Jalisco. “El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, precisó la SRE el sábado.
¿La ignorancia exime de responsabilidad (jurídica y política)? No. Que agentes del Estado corruptos participen en desapariciones forzadas sin el beneplácito de la cadena de mando, es una circunstancia, pero no invalida el delito.
Bastaría entonces, como hoy voces oficiosas se ufanan en subrayar lo obvio, que ni AMLO en sus días ni la Presidenta Sheinbaum, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas hoy, dan órdenes de desaparecer a nadie. Tampoco sus secretarios en materia de seguridad y vigilancia. Pero si no es por comisión sino por omisión, ¿podríamos afirmar que nunca un gobernador ha consentido ese delito de lesa humanidad? ¿Qué decir de presidentes o comandantes municipales? ¿Si así sucede, no fue el Estado?
Buscar con ahínco salvar por diferencia moral y ética al clan de la 4T del flagelo de las desapariciones forzadas en México, 124 mil o 12 mil, pensando en aclarar que esas atrocidades fueron exclusivas de otros clanes, los prianistas por ejemplo, sin mirar si Morena abraza sin rubor a tricolores y azules de vieja data, resuelve en algo el drama y el dolor de miles, es miserable.
El Gobierno de la Presidenta Sheinbaum está en todo derecho y obligación de responder señalamientos carentes de rigor. Sin embargo, el monstruo de la impunidad sigue aquí. Y ése es el problema de fondo, no la mirada desde afuera.