La Reforma Judicial está mal hecha, pero ya ni siquiera opera el marco legal que Morena y sus aliados aprobaron en octubre del año pasado.
Es lo que ocurre con la cancelación de la prohibición para que los servidores públicos hagan difusión de la contienda y llamen al voto.
En el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecieron con claridad las restricciones al señalar que “queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”.
Por eso el INE, en los lineamientos que aprobó, precisó que “ni las personas servidoras públicas no candidatas ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección”.
Esto no les gustó a los impulsores de la elección, y por eso la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral le dieron un revés al INE y ahora todos los funcionarios podrán promover el sufragio para el 1 de junio.
Más allá de que esto cancela, en los hechos, el modelo de comunicación que se estableció, luego de 2006, abre la puerta para cuestionar aún más la legitimidad de la contienda.
Esto es así, porque al llamar al voto, los funcionarios romperán la neutralidad, ya que las postulaciones fueron hechas por los tres poderes, es decir, son promotores de las candidaturas, aunque sea en listados incomprensibles.
Se entiende la urgencia que se tiene para evitar el bochorno de una jornada comicial que no alcance ni el 10% de participación, pero había otras formas de intentar que la población se interese.
Además, el TEPJF debilitó al INE al quitarle la facultad exclusiva de determinar los parámetros de la organización y difusión de una contienda, lo que tendrá repercusiones a largo plazo.
La magistrada Janine Otálora y su colega, el magistrado Reyes Rodríguez, se opusieron a la resolución mayoritaria con argumentos sólidos e hicieron hincapié en que “la imparcialidad debería aplicarse de manera reforzada en este proceso electoral inédito, precisamente por la posición dual de los poderes”.
Son malos tiempos para el sistema electoral en su conjunto y una muestra es la designación de 56 magistraturas electorales en los estados que hizo el Senado, donde no se escuchó a la oposición, pero tampoco al sentido común, ya que muchos de los perfiles están ligados al partido mayoritario.
Lo más inquietante es lo que puede ocurrir ya en las urnas, donde los ciudadanos no contarán los sufragios y las boletas sobrantes no serán canceladas, elementos novedosos y que se alejan, también, de uno de los ejes de nuestra historia en democracia.