En los últimos días, el enfrentamiento entre la administración Trump y las universidades privadas de Estados Unidos ha alcanzado niveles inusualmente antidemocráticos.
Apenas el martes, la Casa Blanca anunció que congelaría el apoyo económico a la Universidad de Harvard por 2.2 billones de dólares y suspendería su estatus de exención fiscal si no acata dos de sus instrucciones más significativas: primero, combatir frontalmente el antisemitismo; y segundo, eliminar el programa DEI (diversidad, equidad e inclusión), que se traduce en acciones afirmativas en los procesos de admisión, promoción y contratación, así como en otras prácticas que Trump asocia con la ideología woke —aunque dicha asociación no siempre sea precisa.
Respecto a la lucha contra el antisemitismo —como escribí en La Razón (https://www.razon.com.mx/opinion/2024/02/14/menos-contexto-mas-perspectiva/)—, las presidentas de Harvard, MIT y UPenn se equivocaron al responder la pregunta de la congresista Elise Stefanik: “¿Llamar al genocidio de los judíos viola las reglas de intimidación y acoso de su universidad, sí o no?”. Las tres rectoras respondieron con una fórmula similar: “Puede ser. Depende del contexto”. Ese error fue reconocido por el nuevo presidente interino de Harvard, Alan Garber, quien ha iniciado acciones para revertirlo.
En cuanto a las admisiones preferenciales, el 29 de junio de 2023 la Corte Suprema estadounidense dictó sentencia en el caso Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College, donde concluyó que los programas de admisión de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) no superaban las pruebas del escrutinio estricto y, en consecuencia, violaban la cláusula de igualdad de protección establecida en la Decimocuarta Enmienda.
Sin embargo, sospecho que el fondo del conflicto no es ideológico, sino económico. El repudio de Trump hacia las universidades no es nuevo. En su primer mandato, propuso una reforma fiscal que reducía entre el 25% y 30% los impuestos a las empresas, pero aumentaba un 20% las cargas fiscales sobre las ganancias generadas por los instrumentos financieros de las universidades (endowments). Esto era un contrasentido: castigaba directamente a la educación. Mientras protegía al mercado, debilitaba la fortaleza intelectual del país, reduciendo las becas y la inversión en investigación. (https://www.razon.com.mx/opinion/2017/11/29/la-ley-soy-yo/)
¿Qué significa el congelamiento de fondos para las universidades privadas? Prácticamente, nada. En el año fiscal 2024, las universidades mejor posicionadas en los rankings académicos contaron con endowments que reflejan tanto su poder financiero como su capacidad para sostener programas de excelencia. Harvard lideró con $51.98 mil millones de dólares, seguida por Yale ($41.44 mil millones), Stanford ($37.63 mil millones), Princeton ($34.05 mil millones), MIT ($24.57 mil millones) y Columbia ($14.78 mil millones). Estos fondos sostienen becas, investigación y proyectos estratégicos.
Lo que sí podría ser más riesgoso es la pérdida del estatus de exención fiscal, como Trump intentó en 2017. La tasa de retorno se vería gravemente afectada. En el mismo ejercicio fiscal, Columbia registró un retorno del 11.4%; Harvard, 8.4%; Stanford, 9.6%; Yale, 5.7%; y Princeton, 3.9%. Estos datos reflejan la solidez de sus estrategias de inversión en un año marcado por la volatilidad de los mercados.
Alan Garber, presidente interino de Harvard, anunció que no aceptarán las condiciones impuestas por la administración Trump. Se avecina una larga batalla legal, lamentablemente, ante una Corte conservadora.