Persisten los factores adversos que afectan la perspectiva económica de México. En esta ocasión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó su pronóstico de crecimiento para el país, estimando una contracción de -0.3% en 2025 y un crecimiento moderado de apenas 1.4% para 2026. Ambas cifras representan revisiones significativas respecto a las proyecciones publicadas en enero.
De manera similar, otras fuentes han ajustado sus estimaciones a la baja. El consenso de la Encuesta Citi de Expectativas proyecta un crecimiento de apenas 0.2% para 2025 y de 1.5% para 2026. Por su parte, un reciente informe del Banco Mundial anticipa una variación nula del PIB en 2025 (0.0%) y un avance marginal de 1.1% en 2026.
Tanto el FMI como el Banco Mundial y diversos analistas coinciden en atribuir estas perspectivas de bajo crecimiento a múltiples factores: el impacto negativo de los aranceles impuestos por Estados Unidos, el aumento de la incertidumbre política interna, las tensiones comerciales a nivel global, la debilidad reciente de los indicadores de actividad económica (que ya perfilan una “recesión técnica” al término del primer trimestre), y la necesidad de consolidación fiscal por parte del Gobierno mexicano. En conjunto, estos elementos generan un entorno de alta incertidumbre que inhibe las decisiones de inversión, afectando negativamente las expectativas de crecimiento.
Importante reconocimiento a la SHCP
La revisión del FMI generó una reacción inmediata por parte de la Presidenta de la República, quien cuestionó la validez del diagnóstico al señalar que no se considera adecuadamente la capacidad del Estado para dinamizar la economía. No obstante, los organismos internacionales y los analistas económicos fundamentan sus previsiones en variables objetivas y en la viabilidad actual de las condiciones económicas, más allá de aspiraciones políticas.
En este contexto, cabe preguntarse qué factores podrían revertir la tendencia actual y generar un entorno económico más optimista. El argumento presidencial sería válido en la medida en que las políticas públicas adoptadas contrarresten efectivamente la fase de desaceleración. Sin embargo, se observa una posible contradicción entre la política monetaria —que apunta hacia una reducción de tasas de interés y con ello estimular la actividad económica— y la política fiscal, cuyo enfoque en la reducción del déficit a través de recortes al gasto limita el margen para implementar medidas contracíclicas.
Una opción viable sería reorientar el gasto público hacia sectores con alto impacto multiplicador, como la inversión en infraestructura. En este sentido, programas como el de vivienda podrían actuar como catalizadores de la inversión. Asimismo, el denominado “Plan México” podría contribuir a dinamizar la economía, aunque aún es prematuro evaluar sus resultados dada su reciente implementación. Un avance importante sería lograr una negociación favorable en materia de aranceles, especialmente si se logra excluir a sectores estratégicos como el de autopartes, lo que representaría un estímulo significativo para la producción nacional.
En última instancia, se trata de proyecciones sujetas a supuestos plausibles. El potencial para superar estas estimaciones existe, siempre que las propuestas gubernamentales se traduzcan en acciones concretas, eficaces y oportunas. Esto representa, sin duda, un reto considerable para la administración actual.
