Tenía que ocurrir. Las alertas se lanzaron desde que se anunció que los ministros, magistrados y jueces serían electos por votación popular. Nadie se puede llamar a engaño.
La posibilidad de que algunos aspirantes fueran seducidos por el crimen organizado siempre estuvo presente. Lo que no se sabía, aunque se podía intuir, era que toda una serie de pillos se postularían y sortearían los filtros de los comités de evaluación.
Esto es un hecho, personajes ligados al crimen organizado, que han sido acusados de violencia, lavado de dinero o corrupción, estarán en las boletas. ¿Cuántos? No se sabe, pero la organización Defensorxs detectó, por lo pronto, 13 perfiles que representan entre riesgos moderados a altos, debido a sus historiales.
Magnicharters, de pena
Los comités evaluadores de los tres poderes no hicieron el trabajo que les correspondía. El Ejecutivo y el Legislativo, permitiendo que se inscribieran candidaturas que no pasan ni una modesta consulta en Google; y en el Judicial, donde sus integrantes decidieron renunciar argumentando que no existían las condiciones para dotar de certeza a los listados que eventualmente aprobarían, debido a las suspensiones judiciales que se encontraban vigentes.
La mayoría en el Senado de la República optó por hacer una tómbola directa con los candidatos que se enlistaron en el Poder Judicial, por lo que sus casos particulares ya no fueron revisados por nadie.
Los senadores pudieron optar por cancelar esas listas, ya que así lo permite la ley respectiva.
En particular, el Comité del Poder Legislativo fue omiso. No estuvieron a la altura de las circunstancias y se asumieron como un instrumento de control, evitando el avance de candidaturas molestas por su independencia, en lugar de validar trayectorias y el cumplimento de requisitos, por lo demás mínimos.
¿Qué se puede hacer? Poco, en realidad, ya que las sospechas o el haber sido defensores de delincuentes no son asuntos que puedan castigarse. Los señalados seguramente se inconformarán y no sería extraño que muchos lleguen a ocupar la plaza que anhelan.
Lo que sí ocurrirá, ya está ocurriendo, es que los responsables del desastre pretendan que en el INE o en el TEPJF les saquen del fuego las castañas.
El problema, sin embargo, es mucho más profundo, ya que los candidatos ligados a la criminalidad serían muchos más de los que hasta ahora se han detectado, por la simple razón de que los futuros jueces están en posibilidad de ser cooptados en las zonas de mayor violencia y control de las bandas organizadas.
Desde hace años, el TEPJF le ordenó al INE que hiciera un mapa de riesgos para contar con información sobre distritos complicados. Como eso no se ha hecho, carecemos de una herramienta indispensable para prevenir y anticiparse.
Peor aún, con la próxima elección de jueces, porque el esquema territorial de votación no corresponde al que conocemos, y en ese marco es donde los bandidos pueden tener mayor oportunidad de incidir. Un desastre anunciado.
