Dentro de las cosas surrealistas que ocurren actualmente en la política mexicana, en los días previos observamos en el pautado en México, en canales de televisión y sitios de Internet, una campaña del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En el spot, la secretaria Kristin Noem, funcionaria del más alto nivel del gabinete de Donald Trump, enuncia un mensaje en el que criminaliza a los migrantes. Desde luego, se trata de una campaña ilegal, abyecta e injerencista.
Por obvias y buenas razones, una vez superado el estupor de tan aberrante hecho, desde luego vino una reacción de repudio a los spots de Noem. Los reflejos del régimen fueron —aquí nada sorprendente— torpes. A pesar de la consistencia con el discurso antiestadounidense y soberanista por el entorno de la guerra arancelaria, llamó poderosamente la atención la postura inicial de que era “imposible” bajar los spots pautados, como si fuera inaudito (el INE, por ejemplo, de manera regular en campañas, como medidas cautelares, puede y suele determinar que determinados spots sean bajados de alguna pauta publicitaria).
Como reacción tardía y desconcertante, supuestamente para resolver el problema, el 23 de abril se dio a conocer que estaba lista para votarse una iniciativa para la expedición de una nueva ley (¡completa!) en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto, desde luego, en un proceso fast track; el típico albazo legislativo de una iniciativa que, por su volumen y densidad técnica, así como por la mínima temporalidad para su estudio, a todas luces evidenciaba que la coalición legislativa oficialista se encaminaba —otra vez— a aplicar la aplanadora y aprobar una iniciativa que, muy seguramente, no sería estudiada y dictaminada con el rigor necesario (así como cuando se aprobó el absurdo Plan B en materia electoral).
La necedad de aprobar la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en las circunstancias descritas residía en la “urgencia” de tenerla lista antes del término del periodo ordinario de sesiones del Congreso, o sea, hoy. El episodio recuerda mucho a la lamentable aprobación en el Senado, el 26 de abril de 2018, de la Ley General de Comunicación Social, maliciosamente conocida como “ley chayote”, que fue aprobada entonces por el PRI, Verde y Nueva Alianza, justo para evitar caer en desacato ante un mandato de la Corte al término de aquel periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Así que, con el pretexto de resolver el problema sobre publicidad extranjera en el espectro de los medios de comunicación masiva y plataformas de redes sociales, la respuesta fue plantear una nueva ley en la que apenas se trata el tema en un puñado de artículos. Son tantas las disposiciones graves y peligrosas que contiene la iniciativa que, de inmediato, se encendieron las alertas sobre el avance autoritario y una nueva regresión en derechos.
Decenas de activistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en telecomunicaciones realizaron un análisis pormenorizado sobre el cúmulo de vacíos y vulneraciones del proyecto de ley. El documento se puede consultar en la página de Artículo 19.
Hay que destacar la falta de transparencia, opacidad y discrecionalidad para otorgar o retirar concesiones y bloquear contenidos por parte del Gobierno. De ahí que se le empiece a conocer como “ley censura” o “ley mordaza”.
Una vez más, todo por esa —al parecer incontenible— pulsión de control absoluto e imposición de una narrativa única.
