Durante casi 30 años, el Fobaproa ha sido un fantasma que ha provocado sustos a más de uno, entre banqueros y servidores públicos. Ahora que se volvió a aparecer, hay morenistas que casi se mueren del terror, conscientes de que aprobaron la legalización de este mecanismo en 1998, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces el ahora senador de Morena, Ignacio Mier, era diputado del PRI, y no sólo votó a favor, sino que operó para que todos los legisladores de Puebla hicieran lo mismo. Otro morenista que pecó ese año, cuando era priista, es el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Uno más que se sumó a la aprobación de la transformación del Fobaproa en IPAB fue Javier Corral, entonces diputado federal del PAN y ahora flamante senador del guinda. Pero quien más se involucró en ese proceso fue Patricia Armendáriz, en su calidad de vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque ahora está purificada por la 4T. Uf.
La gasolina no sube
Y fue la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González, la que se aplicó y resolvió en menos tiempo de lo previsto, la tarea de reactivar trámites relevantes del sector de los hidrocarburos. Y es que resulta que la dependencia ya reabrió la ventanilla para recibir y dar gestión a 163 trámites relacionados con periodos de exploración, evaluación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y programas de transición. Con lo anterior, en tan sólo 41 de los 90 días otorgados por ley, se restablecieron las actividades suspendidas producto de las reformas en materia energética. Para que así sucediera se realizó una transferencia de expedientes, sistemas, bases de datos y en general, los pendientes que dejó la Comisión Nacional de Hidrocarburos al momento de su desaparición, y que recayeron en la Sener. En la dependencia queda también reactivada toda la cadena de valor de petróleo. Ahí el dato.
Indicadores de seguridad en Tamaulipas
Y nos comentan que en Tamaulipas los indicadores de incidencia delictiva dan cuenta de avances relevantes. Por ello, el gobernador de la entidad, Américo Villarreal, los compartió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en una reunión que sostuvieron ayer. Los delitos dolosos, se ha informado, tuvieron una baja histórica, ubicándose en 17 casos por mes. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas llegó a registrar, en el año 2017, 147 homicidios dolosos por mes; ahora, en marzo y abril del 2025, ocurrieron 18 y 17, respectivamente. Tales números colocan al estado entre los más seguros del país y como la entidad más segura de la frontera norte. García Harfuch reconoció y destacó el trabajo de seguridad y prevención y acordó con Villarreal fortalecer la coordinación con la Federación para mejorar aún más esos indicadores. Pendientes.
Quienes se pusieron las pilas fueron las autoridades de la Ciudad de México, al abordar con toda seriedad el tema de los pinchazos en el transporte público. El asunto ameritó la realización de una conferencia de prensa que encabezó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y en la cual estuvieron la fiscal, Bertha Alcalde, y el titular de la SSC, Pablo Vázquez. El asunto no es menor, pues la proliferación de ataques de este tipo había generado cierta zozobra entre la población. Hasta el momento se han presentado 41 denuncias y en cuatro de los casos se detectó algún estupefaciente en los cuerpos de las víctimas. Los números no son alarmantes y la salud de quienes han recibido los pinchazos no ha estado en riesgo, pero si la autoridad no actuaba con firmeza, se podría arraigar y normalizar esta práctica. Por eso, nos dicen, es más que atinada la decisión de blindar al Metro, incluso, con presencia de Zorros y de agentes encubiertos. Ahí el dato.
Cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría a la Cámara de Diputados una iniciativa para fortalecer el combate a las desapariciones, los legisladores de Morena se cansaron de decir que se le daría prioridad al tema. Pero resulta que el periodo ordinario se clausuró el pasado miércoles y la iniciativa no fue procesada. El proyecto presidencial, que incluso fue bien recibido por colectivos de búsqueda, contempla toda una transformación del andamiaje institucional que tiene a su cargo la localización de personas, un fenómeno que va al alza. Pero al mandarlo a la congeladora, quienes manejan las riendas de la 4T en San Lázaro demostraron que para ellos las prioridades son otras, como hacer grilla, incluso entre ellos. También se quedaron para otra ocasión reformas en materia de seguridad enviadas por la jefa del Ejecutivo, lo que revela, piensan muchos, que las cúpulas legislativas de la 4T no están en el mismo canal que Palacio Nacional.
Con la novedad de que en el Senado parece que han unificado su posición sobre el caso de los candidatos a juzgadores con historiales cuestionados. Y es que ayer se informó que mientras el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, mostraba su intención de aplicarse a atender el asunto, el área contenciosa del Senado había presentado una impugnación al acuerdo con el que el INE pretendía atajar a prófugos de la justicia, suspendidos de derechos políticos, sentenciados por violencia de género y deudores alimentarios. Todo parece indicar que este recurso ha sido retirado y que iban en camino las impugnaciones contra varios perfiles señalados. Tan no está resuelto el problema que ayer la organización Defensorxs exhibió que otro candidato a juez, Leopoldo Javier Chávez, fue sentenciado por tráfico de drogas en EU. Uf.
