El lunes pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para implementar la política de “nación más favorecida” (MFN, por sus siglas en inglés) en el establecimiento de precios de medicamentos recetados. La medida busca que los estadounidenses paguen lo mismo que los países con economías comparables, para reducir las marcadas disparidades en los precios entre Estados Unidos y otras naciones desarrolladas.
Esta nueva orden retoma una propuesta impulsada en 2020, pero introduce cambios clave: ahora aplica a todos los pacientes, no sólo a Medicare, y permite compras directas al fabricante, con precios anclados en los más bajos del mundo. A diferencia del intento anterior —bloqueado en tribunales—, la versión actual otorga a la industria 30 días para reducir voluntariamente los precios antes de imponer regulaciones. Además, vincula la política con represalias comerciales a países que mantienen precios artificialmente bajos.
Los restos de la iniciativa anterior fueron desmantelados por la administración Biden, que optó por una estrategia distinta: negociar directamente con las farmacéuticas a través de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, 2022).
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
La orden ejecutiva de 2025 establece cuatro objetivos clave:
• Igualar los precios internacionales: los medicamentos en EU no deberán superar los precios más bajos pagados por países como Canadá, Alemania o el Reino Unido.
• Otorgar un plazo de 30 días a la industria farmacéutica para ajustar voluntariamente sus precios.
• Permitir compras directas entre pacientes y fabricantes, eliminando intermediarios.
• Instruir acciones comerciales contra países que mantengan precios artificialmente bajos, lo que obliga a EU a subsidiar la innovación farmacéutica global.
En el plano interno, la medida busca contener el creciente descontento social hacia las aseguradoras, que alcanzó su punto más álgido tras el asesinato del CEO de UnitedHealthCare, presuntamente a manos de Luigi Mangione.
Sin embargo, trasladar toda la presión hacia las farmacéuticas no es una solución libre de consecuencias. Podría reducir la disponibilidad de tratamientos si las empresas se niegan a vender a precios bajos, desalentar la innovación médica y generar incrementos de precios en otros países. Además, al vincular la política con sanciones comerciales, podría tensar las relaciones diplomáticas con aliados estratégicos y producir efectos colaterales difíciles de anticipar.
