Aquí se ha informado, puntualmente, sobre la crisis de abasto de medicamentos e insumos médicos en hospitales y clínicas del sector público, pero existen dos asuntos igualmente fundamentales para la salud de los pacientes: el mantenimiento de equipos e instrumental, así como la limpieza y sanitización. En este último aspecto recién aconteció un evento altamente relevante en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues el equipo de Martí Batres recibió la instrucción de detener y reponer el fallo tras detectarse múltiples anomalías en el proceso para favorecer a la empresa Ocram Seyer del Zar de la Limpieza.
Ocram Seyer es el palíndromo del nombre de su directivo principal, Marco Reyes (o Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, más o menos al estilo del duende de Shrek IV, Rumpelstiltskin), quien pretende obtener un contrato superior a los mil millones de pesos anuales para ofrecer el “servicio especializado de aseo, higiene y desinfección en unidades médicas, EBDIS, clínicas médicas, que incluye: laboratorios, quirófanos, anfiteatros anatómicos, morgues, velatorios, cocinas, comedores del personal médico y en general Edificios en uso o propiedad del ISSSTE” conforme la licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025.
La instrucción de detener y reponer el fallo que favorecería a Ocram Seyer proviene del Testigo Social PF019, Jorge Javier Jiménez Alcaraz que, tras analizar las quejas presentadas en el Órgano Interno de Control, concluyó que el ISSSTE no se apegó en lo fundamental a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a su reglamento ni tampoco —ni de chiripa— a su manual de aplicación, por lo que concluye que “el proceso se ha seguido con discrecionalidad de la Convocante, si no en prejuicio de un licitante, si en favor de algunos, por lo que se recomienda atender y realizar las acciones correctivas y dar seguimiento a lo observado y recomendado”.
Si Martí Batres rechaza las observaciones presentadas se verá bajo la lupa de la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro. Y con el director del ISSSTE, la revisión sería también sobre su equipo de mayor confianza: el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Omar Butrón, así como a su subdirectora de recursos materiales, Celeste Hernández Sánchez. Vaya, eso no le ayudaría a su hermana Lenia Batres, que buscando encabezar la Suprema Corte de Justicia, su hermano quiera brincarse las leyes vigentes.
Entre las razones más relevantes para la indicación realizada por el Testigo Social está la del precio de competencia: resulta que Butrón y Hernández consideraron que el precio más bajo ofrecido por la firma Armot —ligeramente por debajo del precio de referencia— fue descalificado del concurso por ser catalogado como “precio no conveniente”, aunque en las bases de licitación nunca se estipuló tal tipo de precio “conveniente”.
Y vaya, ese “precio no conveniente” fue el que Buenrostro estableció como un acto de corrupción que le llevó a exigir la cancelación de la fallida compra consolidada de medicamentos, a la sanción de funcionarios que rechazaron los mejores precios y a inhabilitar a empresas involucradas.
Y esto sin mencionar que el ISSSTE no estableció la obligación de acreditar la especialización de los 4,230 trabajadores involucrados (no es lo mismo limpiar un quirófano, un comedor que una morgue) por cada empresa sanitaria ni la cobertura territorial requerida…, lo cual ayudaría a darle el gane a Ocram Seyer que, se cuenta, habría contado con el respaldo de un intermediario que salió por piernas del Metro de la CDMX.
Ya le cuento.
Tequila: lanzan plan Cobros Farquaad. Pues sí, ya no es broma. Al Congreso de Jalisco, que ahora encabeza la morenista Marta Estela Arizmendi, arribó el plan presupuestal del alcalde —también morenista— Diego Rivera donde se pretende cobrar 484 mil 217.32 pesos a los productores de agave Tequilana Weber por hectárea al solicitar la gestión de factibilidad de la excedencia requerida en litros por segundo de agua.
Sí, al estilo de Lord Farquaad en Shrek I, la administración municipal plantea un largo rosario de cobros y sanciones como a quien diga groserías en la vía pública (¿y quién define qué son palabras altisonantes?) por 4,221 pesos; cobrar 50 pesos por cada persona que se suba a pasear en las camionetas turísticas conocidas como Barrilitos; casi 15 mil pesos por molestar físicamente a otra persona sin que se cometa un delito (¿?), pero será más barato, sólo 2,111 pesos, para aquellos que usen o inciten al consumo de drogas en la vía pública que para aquellos que consuman o incitan a tomar bebidas alcohólicas en igual circunstancia, pues pagarían una multa de 6,335 pesos. Sólo falta una cuota por ser feo. Mañana los enviados de Rivera se reúnen con el secretario de la Hacienda de Jalisco, Luis García Sotelo. En mucho se definirá ahí si deciden matar al más distintivo pueblo mágico de la mexicanidad y lograr que las tequileras embotellen en lugares menos hostiles.
Alianza de Ingeniería México-Portugal. La buena es que la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), que preside Juan José Orozco y Orozco, y el Centro Rodoferroviario Portugués (CRP), que preside João Portela, firmaron una carta de intención para fomentar el intercambio de conocimiento tecnológico entre México y Portugal.
El convenio fue signado durante el 11° Congreso Rodoferroviario Portugués, realizado en Lisboa y organizado por el CRP, en el cual Juan José Orozco presentó un diagnóstico claro de la red carretera del país, así como los retos y proyecciones del llamado Plan México; ahí subrayó que la calidad de nuestras vías no es un tema técnico, sino una cuestión de productividad, seguridad y desarrollo regional.
Conocer, medir, sistematizar para progresar.