El marco de distribución de poderes y aplicación de leyes que penosamente se construyó en México desde la época de Benito Juárez hasta 2021 quedó roto; se quebró ese marco que pese a deficiencia, fallas, anomalías y abusos, abrió camino al principio de “igualdad ante la ley” con que Jean-Jacques Rousseau y otros filósofos encauzaron el liberalismo contra el absolutismo; el origen, confección, ejecución y resultado de la elección de juzgadores en México implican que las personas físicas y/o morales ya no tendremos igual relevancia ante las leyes.
Ahora la interacción entre ciudadanos y éstos con el Estado dependerá de “a quién conozcas” y con quién se tenga “una buena relación”.
No en vano desde hace unas semanas la Confederación Patronal de la República Mexicana, que encabeza Juan José Sierra, señaló a la elección judicial como “error histórico”, ya que “pone en riesgo la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad democrática” del país.
Magnicharters, de pena
Para nadie es desconocida la asimetría presupuestal de las elecciones de 2024, de la movilización de recursos humanos y económicos efectuados por Andrés Manuel López Obrador para mantener el control sobre el “bastón de mando”. El saldo financiero es que la deuda total del Gobierno mexicano superará los 20 billones de pesos al término de 2025; que la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo fue facilitada por el Instituto Nacional Electoral, a cargo de Guadalupe Taddei, y validado por el Tribunal Electoral Federal, donde manda Mónica Soto, entregándole al triunvirato Morena-PT-Partido Verde el 72.8% de la representación camaral con sólo 54.7% de la votación nacional.
Y el régimen, no conforme con depreciar en casi 20% la importancia de los votos de los ciudadanos que votaron por la oposición, a fin de obtener la mayoría calificada en el Senado para la reforma constitucional que suprime la separación de poderes a través de un proceso electoral —que hasta ahora es el más sucio y desordenado del que se tenga memoria histórica— , recurrió a la cooptación de legisladores de oposición a través del método palo-zanahoria y siendo de ello el caso más conocido la traición al partido Acción Nacional de Miguel Ángel Yunes, padre e hijo.
Pero ello no fue suficiente: para romper el último dique de contención, la Suprema Corte de Justicia que aún encabeza Norma Piña, se aplicó el mismo método al ministro Alberto Pérez Dayán… que a cambio de no ser exhibido por señalamientos que había en su contra, ofreció al gobierno el voto definitivo que validó la elección de este domingo. Como pago, Pérez Dayan está postulado para ser embajador de México en España.
Cada uno de los eventos arriba descritos fue cercenando las amarras que sujetaron el trípode de la separación de poderes en el país, separación que, pese a sus varios defectos, se acentuó y empezó a dar frutos positivos a la nación desde hace cuatro décadas.
Estancamiento y elección judicial. El Financial Times comentó que tras una elección judicial kafkiana sería casi imposible ganar disputa alguna al Gobierno… y eso, en un país con creciente sobrerregulación y centralización estatista, hace imposible ganar cualquier disputa por amable que sea, así sea por pozos de agua, generación eléctrica, producción petrolera o construir casas.
Los empresarios e inversionistas lo supieron desde septiembre de 2024 y actuaron anticipadamente: la caída anual de 6% de la inversión bruta fija en febrero pasado mostró ello y se confirma con una contracción de la Inversión Extranjera Directa Total en 27% en el primer trimestre del año.
De ahí el principal elemento de incertidumbre que lleva al país al borde de la recesión; los aranceles de Donald Trump son tan sólo otro fardo al lomo de una economía autoasfixiada.
Para invertir en un país en el que se ha convertido México se requerirán de legiones de “contactos”, “amigos”, “facilitadores” que contacten jueces, magistrados, ministros y a los “tomadores de decisiones” como Andy López y compañía —de preferencia—, pero con el riesgo de que algo salga mal y sea improbable recuperar un clavo.
Tequila con Agave Responsable Social. Pese al acoso al que ha sido sometida la industria del Tequila, se mantiene firme el propósito de inclusión y sostenibilidad. A 7 meses de haberse puesto en marcha la certificación Agave Responsable Social que reconoce el esfuerzo de los agaveros tradicionales y su vinculación directa con los fabricantes de Tequila, por lo que van 842 agricultores que se han registrado ante el Consejo Regulador del Tequila que preside Aurelio López Rocha.
El certificado ARS les permite obtener mejores condiciones económicas para sus cultivos de tequila Weber variedad azul, así como la preferencia de los consumidores, en un programa en el que participan las destilerías, así como el Gobierno estatal de Jalisco y el federal.
Así, agricultores como Humberto Benítez y Manuel Enríquez ha hecho posible hasta ahora la jima de 18 mil toneladas de agave con certificado ARS que apoya a los agaveros, evita el coyotaje y potencia la calidad de la bebida nacional por excelencia.
