A unos días de celebrada la jornada electoral por la que se va a renovar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integrará al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, se completarán los espacios faltantes en la Sala Superior y en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se renovará a la mitad de los jueces y magistrados federales, así como a las personas juzgadoras en el ámbito local en 19 entidades federativas, los saldos que arrojan los comicios de la elección judicial, en la balanza, son claramente negativos.
Estas elecciones se tildan de históricas, y no precisamente por buenas razones. En ninguna parte del mundo había sucedido algo así. Por algo será.
Los creadores y promotores de la elección judicial no le dieron recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral para realizar adecuadamente los comicios. Esto, por ejemplo, derivó en que apenas se instalaran la mitad de las casillas en comparación con la elección general (presidencial, legislativa y concurrente de las 32 entidades federativas) de 2024. O que sus facultades para esta elección quedaran acotadas: no se le permitió registrar candidaturas, las mismas que llegaron a las boletas tras dudosos y desiguales estándares ejecutados por tres comités de evaluación —con la honrosa excepción del comité del Poder Judicial, que, como se sabe, no pudo concluir sus trabajos— y además con el componente del azar, por el uso de tómbolas. Como si buscar a perfiles aptos para impartir justicia fuera cosa que se resuelve en un casino.
Otra raya de impunidad más al Cuau
Al INE hay que reconocerle, desde luego, que sacó adelante un reto técnico y operativo de extraordinaria complejidad. Con decisiones que fueron tomadas por necesidad para hacer viable la elección de algo que no tiene pies ni cabeza. De ahí surgieron los “distritos judiciales” que se superpusieron a los distritos electorales, la definición de seis boletas federales para utilizar en todos los rincones del país o que el cómputo de las boletas se hiciera a lo largo de una decena de días en los 300 consejos distritales y no en las casillas.
La ciudadanía sí acudió —una vez más— al llamado del INE para integrar las mesas de casilla; sin embargo, esa misma ciudadanía reaccionó con desaire, indiferencia y hasta rechazo a la hora de ir a votar. La abrumadora mayoría de la población tomó con desdén la elección judicial: una abstención de alrededor del 87%, según cifras preliminares. Del 13% de los votos emitidos, habrá que descontar los nulos. No se sabrá a ciencia cierta en cuáles casos fue la voluntad del elector anular de forma expresa con anotaciones de protesta y cuáles se anularon por la compleja forma de ejercer el voto. Desde luego, una de las cuestiones más lamentables fue la maquinaria que desplegó los “acordeones” con las posibles implicaciones de coacción del voto.
En suma: un rotundo fracaso para los promotores de la reforma; el INE cumpliendo con sus obligaciones; legitimidad en entredicho para los ganadores, y un derroche absurdo de recursos. Nada de ello justifica el fin de la separación de poderes y el golpe a la democracia constitucional y pluralista que está experimentando el país.
Así que, para los observadores internacionales, si es que tenían la curiosidad de ver qué está pasando en México, con la intención de emular las elecciones de todo el Poder Judicial, la lección es contundente: no lo hagan y preserven sus instituciones democráticas.
