El pasado domingo se llevaron a cabo elecciones para renovar cargos de magistrados, jueces, ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial por medio del voto popular. Se trata de una innovación histórica a nivel nacional y también mundial, cuyo primer ejercicio tuvo una participación poco menor al 13% de la lista nominal. Es decir, una participación 6 puntos porcentuales mayor a las consultas populares y 5 puntos menor a la revocación de mandato durante el sexenio de López Obrador.
Hasta el momento, en la votación para integrar la Suprema Corte, hay quien obtuvo 6 millones de votos, un 5.2% de la votación. Otros que rondan el 5%, el 4.5% y el 4.2%. Pero también hay virtuales nuevos ministros que lo serán gracias al 3% de la lista nominal. Es decir, con 3.4 millones de votos fue posible ser ministro o ministra de la Suprema Corte.
Para dimensionar: obtener esa cantidad de votos no es que sea sencillo para una persona de a pie, no es que sean pocos votos per se. Cuando se sigue el track de todas y todos los candidatos que son virtuales ministros de la SCJN, pues resulta que todos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo Federal, y se ha advertido una amplia coincidencia con los que eran sugeridos en algunos de los acordeones que circularon por medios digitales. Así las cosas, con un aparato de generación de votos como Morena, que en las elecciones de 2024 obtuvo 60% de los votos con 60% de la participación (35 millones de votos), obtener 6%, 5% o 3% fue un paseo en Chapultepec.
Nuevo Consejo Presidencial
El resultado de este primer ejercicio es desolador. Antes, la elección de los ministros se realizaba con una terna enviada por el Poder Ejecutivo de donde el Senado debía elegir a la ministra o ministro que sería seleccionado con dos terceras partes de la Cámara. Hoy, el resultado puede ser interpretado de la siguiente forma: el Poder Ejecutivo propone candidatos a ministras y ministros de los cuales son seleccionados con por lo menos el 3% del voto popular. Tiene, además, un agravante que es que, al ser el primer ejercicio, los 9 ministros de la Suprema Corte fueron seleccionados por el Poder Ejecutivo, por Morena.
Las consecuencias son delicadas. No es —como se dice frecuentemente— que dejó de existir el Poder Judicial en México, el problema es que es potencialmente peor. Un Poder Judicial posiblemente limitado por un Tribunal de Disciplina Judicial (en donde también la mayoría fue propuesta por el Poder Ejecutivo), por un accountability electoral que depende de la operación de Morena y no realmente de una participación popular, en donde controvertir las diferencias del Estado serán excepciones muy costosas. Esta coyuntura también transformará profundamente la relación entre el Estado y los particulares.
