El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, puso el dedo en la llaga: dada la multiplicidad de anomalías en el proceso de elección del Poder Judicial —desde casillas con 100% de votación, boletas pre marcadas y hasta con la misma caligrafía, y los millones de tristemente célebres “acordeones del bienestar” que coincidieron con los juzgadores electos— se debiese declarar la no validez de unos comicios donde 87% del electorado no participó.
Pero Guadalupe Taddei, al frente del INE, se molestó por la solicitud y se apuró a entregar las constancias de mayoría a personas que recibieron menos sufragios que los nulos o en blanco depositados.
Ello mostró nuevamente la peligrosa evaporación del estado de derecho y, por tanto, de la certeza jurídica que necesitan empresarios para invertir y las personas para firmar contratos.
Fecha para el tren
De ahí la relevancia de la impugnación que contra esos comicios presentó ayer el Partido Revolucionario Institucional, que encabeza Alejandro Moreno: sin estado de derecho, se impone la ley del más fuerte y la democracia se convierte en mascarada.
Palacio Nacional urge a Junta de Caminos Edomex. El asunto ya escaló a la oficina de Claudia Sheinbaum así como a la de la gobernadora Delfina Gómez: el creciente deterioro de las vialidades ha puesto el foco sobre la Junta de Caminos del Estado de México pese a tener un presupuesto de mil millones de pesos anuales para Proyecto de Prestación de Servicios. Dicha Junta está a cargo de Mario Ariel Juárez Rodríguez, ex alcalde de Cuautitlán, donde se recuerdan a sus funcionarios que “pasaban la charola” entre conductores de autos y camiones foráneos, así como por su gusto por los buenos autos.
Actualmente, la Junta de Caminos está bajo la sospecha de obras fantasma —por la aplicación de materiales de baja calidad—, como lo ha detectado el Órgano Interno de Control, y favoritismo en la contratación, como se inscribe en la revisión OIC/INVESTIGACION/JCEM/DENUNCIA/016/2024.
Ante la urgencia de mejorar la circulación vehicular, la instrucción presidencial radica en que los municipios puedan recibir fondos federales de manera directa para atender la situación.
Baja California paga deuda de Bonilla. Y el gobierno de Baja California, de Marina del Pilar Ávila Olmedo, tuvo que reconocer y cubrir los adeudos que dejó el gobierno de Jaime Bonilla, entre ellos el déficit con el sistema de seguridad social para sus trabajadores, conocido como ISSSTECALI.
Vaya, desde el 2021 y hasta abril del presente año, la Secretaría de Hacienda local, a cargo de Marco Antonio Moreno, destinó a ese instituto más de 21 mil millones de pesos: de ellos, 19 mil millones corresponden a ejercicios propios de este sexenio, mientras que otros 2 mil millones son adeudos del exgobernador. Un acto de elemental justicia laboral.
