Si el respeto al derecho de propiedad es parte de la civilización, de la justicia, ¿cuál es el resultado de su violación? Lo contrario: la barbarie, la injusticia. Y hacia allá está llevando la 4T a México: hacia la violación del derecho de propiedad (malo), perpetrada por quien debe prohibirla e impedirla y, de fracasar, sancionarla, el gobierno (peor).
Me refiero, en esta ocasión, a la intención de Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, de no desalojar a paracaidistas ocupantes de viviendas que no son suyas, y no solamente de no desalojarlos sino de cobrarles una renta con opción a compra, todo ello en el caso de 145 casas, parte de los inventarios del Infonavit, que no cuentan con denuncias activas por despojo o con carpetas de investigación, pero, ¡y este pero es muy importante!, son propiedad de alguien. Lo que pretende Romero Oropeza es legalizar la injusticia, la violación al derecho de propiedad, algo propio, no del Estado de Derecho, sino del Estado de chueco, lo cual, aunado a la reforma judicial, que da como resultado juzgadores incondicionales del Poder Ejecutivo o de grupos de intereses particulares, manda una pésima señal, que puede afectar más el buen desempeño de la economía.
No han faltado, simpatizantes de la 4T, que han dicho que la legalización de las casas habitadas injustamente por paracaidistas, evitando su desalojo, es una manera de hacer valer el derecho a la vivienda, del que se habla en el artículo 4 de la Constitución: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, medio para alcanzar ese fin que no debe ser (por más que pueda serlo, ¡lo estamos viendo!), quitarle su casa a unos para darles una casa a otros, con el gobierno redistribuyendo, ya no sólo el ingreso, sino el patrimonio.
¿Cómo debe entenderse, y practicarse, el derecho a la vivienda? ¿Cómo la obligación de alguien más (por ejemplo: el gobierno), de proporcionarla? ¿O como la obligación de los demás de no impedir que uno trabaje para poder comprar vivienda (derecho al ejercicio de la libertad individual) y, una vez así adquirida, como la obligación de los demás de no robarla (derecho al uso de la propiedad privada)? El derecho a la vivienda debe entenderse, y practicarse, de la segunda manera, no de la primera, que implica, dado que construir vivienda cuesta, y dado que alguien debe cubrir ese costo (pagar un precio), redistribuir el ingreso: el gobierno le cobra impuestos a A para construir y darle vivienda a B.
No es la primera vez que, desde el Infonavit, se propone la violación del derecho de propiedad. Recordemos que en abril de 2024, Carlos Martínez, entonces director general de la institución, propuso, en el marco de la reforma al sistema de pensiones, transferir los recursos de las cuentas inactivas (aproximadamente 4,500 millones de pesos de 2.2 millones de cuentas), al Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuentas inactivas, pero, ¡y este pero también es muy importante!, propiedad de alguien.
Los dos casos anteriores son muestra de que muchos políticos creen tener el derecho de disponer de las propiedades de los demás como crean más conveniente. ¿Lo tienen? No. Lo que tienen es el poder, algo muy distinto.
Continuará.