La sociedad no está exenta que en los próximos días, al aprobarse la reforma de telecomunicaciones, la Agencia de Transformación Digital, que encabeza José Peña Merino, establezca un “domo de censura” a través del artículo 228 de la propuesta de nueva ley que, a través de una fraseología políticamente correcta, puede sacar del aire y/o desconectar contenidos y comunicadores específicos en sistemas de radiodifusión y plataformas digitales; pero, pese a ello, la regulación de la industria quedará bajo el paraguas de la Secretaría de Economía, que lleva Marcelo Ebrard, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Como es sabido, el Congreso de la Unión inició el periodo de sesiones extraordinarias que concluirá el próximo 2 de julio, plazo en el que los legisladores de Morena traen prisas desbordadas para aprobar más de 20 iniciativas de reforma que impactarán omitiendo la discusión plural e incluyente, para establecer andamiajes centralizados al Poder Judicial, medio ambiente, salud, gasto social y seguridad pública.
En temas económicos destaca la relevancia de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), con las cuales se le dan los santos óleos a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que aún preside Andrea Marván, y al Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), del colaborativo Javier Juárez Mojica.
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
A ellos sobrevendrán dos entidades subordinadas a la Secretaría de Economía, pero en diferente grado: la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y —recemos así sea— la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT), con mayor autonomía que la primera, aunque dependiente del Ejecutivo Federal.
El CRT fue una reciente propuesta de la Comisión de Estudios Legislativos, del senador morenista pero también jurista, Enrique Inzunza Cázares, quien anuló la muy mala idea de transferir la regulación de las telecomunicaciones a la ATDT, avizorando falta de rigor técnico y discrecionalidad propia del autoritarismo.
Así, la intervención de Inzunza demostró la relevancia del planteamiento y análisis técnico, porque una cosa es explicar las políticas públicas en términos simplistas y, otra muy distinta, es hacer las cosas en términos llanos para que cualquiera las haga.
Vale la pena señalar que la CRT tendrá en sus manos regular objetivamente y en cancha pareja el tren por donde viaja la nueva revolución industrial, la tecnológica-digital. Por eso la reforma de la Ley de Telecomunicaciones no convence a las mujeres y hombres de negocios pues temen que ahora sea Peña Merino y su séquito quien ponga reglas de operación a sectores que si bien las usan como vía para ejecutar sus actividades, nada tienen que ver con el espectro.
En tan dinámica industria, estas son las preocupaciones puntuales que genera la “Ley Censura”: 1) pérdida de autonomía del regulador; 2) posible afectación a la libertad de expresión como se ha visto en 2025; 3) anulación de la neutralidad de la red; 4) definición de regulación inequitativa a plataformas digitales; 5) suspensión de trámites que podría frenar inversiones y conectividad.
Y en materia de competencia económica, los legisladores tendrían que ser sensibles para evitar que se repita el famoso y casi fracasado asunto de la Cofece contra Amazon y Mercado Libre que, con tal de encontrar un caso emblemático que le diera posicionamiento internacional, se empecinaron en encontrar “problemas de competencia” donde no los hay; o tratando de regular actividades que el mercado por sí solo ordena como servicios logísticos y programas de lealtad.
Vaya, en estos momentos de cambio global y recesión, en lugar de visiones aldeanas, México podría catapultar las inversiones que, por ejemplo, ha propuesto Paola Bellizia, CEO de Amazon en América Latina, y David Geisen, vicepresidente de Mercado Libre, que suman casi 9 mil millones de pesos.
Ya se nos fue el tren del nearshoring. A ver si no se va este otro.
“Arden” inversionistas de Barroso Montull. El empresario José Luis Barroso Montull es el propietario de la famosa “Cerillera La Central”… y ahora sus inversionistas están en llamas, pues les señalan de incumplimiento en negocios de bebidas carbonatadas e inmobiliarios: por ejemplo, la forma en que hizo a un lado a su ex socio Luis de Guerrero en el proceso de compra de las marcas de refrescos Chaparritas, Barrilitos y Sangría Señorial.
En tanto que en Naucalpan, EdoMex, a través de su empresa Inmobiliaria Río Hondo, desarrolló el Conjunto Urbano Lomas del Río con 582 viviendas… pero donde a la fecha no ha cumplido con el proyecto original que incluía una Casa Club y una planta de tratamiento de agua residual. Ya se imaginará usted los efluvios alrededor.
A ello habría que agregar el negocio atribuido a Barroso Montull con el predio conocido como “El Columpio”, en Huixquilucan, Estado de México, donde invitó a varios inversionistas de los que ahora se niega a reconocer su inversión. Por cierto, el predio pertenecía a 102 ejidatarios y hay dudas sobre la forma y métodos de compra. Hoy, Enrique y Jaime Barroso Ríos manejan los negocios, ya que su padre se desligó de las empresas y ahora es ciudadano fiscal en Costa Rica. Pero, como suele suceder, el conflicto entre hermanos tiene desatendidos a proveedores e inversionistas quejosos por falta de pago.
Todo cabe en una cajita de cerillos.
Golpe financiero a la 4T. El mensaje del Tesoro de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, a Palacio Nacional, no pudo ser más contundente: Vector, banco del asesor empresarial de Andrés Manuel López Obrador, el neoleonés Alfonso Romo, debe rendir cuentas —con todo y activos congelados— ante la justicia estadounidense por financiamiento al narcoterrorismo a través del blanqueo de dinero en la venta de precursores de fentanilo; igualmente Mario Rangel de Alba, dueño de CI Banco, institución sobre la que recaen señalamientos de lavado de dinero para funcionarios del actual régimen; y Eduardo García Lecuona, de Intercam, que tiene también tiene ese mismo largo camino que andar.
