PESOS Y CONTRAPESOS

De la propiedad (5/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

En México el respeto al derecho de propiedad deja mucho que desear. En los anteriores Pesos y Contrapesos vimos algunos ejemplo, que van, desde la intención de director del Infonavit de legalizar la ocupación de las casas habitadas injustamente, violando el derecho de propiedad de los propietarios, por paracaidistas, hasta lo que hace posible el artículo 28 constitucional, la expropiación y gubernamentalización de medios de producción, todo lo cual es propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, algo que en México no sucede.

Un ejemplo más de la falta de respeto al derecho de propiedad lo tenemos en los impuestos, esa parte de nuestros ingresos, del producto de nuestro trabajo, que el gobierno nos obliga a entregarle, y que el gobierno determina con total y absoluta discrecionalidad y, por lo tanto, arbitrariamente.

En México basta y sobra que el Poder Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, ya sea creando nuevos, ya sea aumentando las tasas de los que ya se cobran, ya sea creando nuevos y aumentando las tasas de los que ya se cobran, y que el Poder Legislativo lo apruebe, para que se cobren más impuestos, para que el gobierno nos obligue a entregarle una mayor parte del producto de nuestro trabajo, de nuestros ingresos.

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La discrecionalidad del gobierno a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, es total, lo cual quiere decir que el derecho de propiedad sobre nuestros ingresos, que son el producto de nuestro trabajo, no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual es grave: el gobierno no tiene límites a la hora de meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes, límite que lo establece, únicamente, la paciencia de los contribuyentes, misma que todavía no se colma.

En México el respeto al derecho de propiedad, y por lo tanto a la propiedad, deja mucho que desear, y una muestra más la tenemos en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2024, de la Alianza por los Derechos de Propiedad, que nos muestra como están, en la materia, 125 países.

En escala de cero a diez la calificación de México, en materia del respeto al derecho de propiedad, es 4.6, y su lugar, entre las 125 naciones consideras, es el 77. Nada de que presumir. Mucho que mejorar. ¿Mejoraremos? El gobierno, ¿está dispuesto a hacer, lo mucho que debe hacer, para que el derecho de propiedad esté plenamente reconocido, puntualmente definido, y jurídicamente garantizado, para lo cual lo primero que hay que hacer es eliminar de la Constitución el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional y, por tanto, también el quinto del artículo 25? De hecho hay que eliminar todo el capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28, que atentan contra el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, contra la economía de mercado en el sentido institucional del término, contra la justicia.

Termino como comencé, citando a Guillermo Yeatts: “La historia del derecho de propiedad es la historia de la civilización”. La historia de su violación es la historia de la barbarie, de la injusticia.

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