La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esta acción implica la sustitución de sus órganos de administración y representación legal, con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y de los acreedores, según el documento enviado al mercado de valores. La decisión fue tomada en respuesta a medidas impuestas por autoridades internacionales que podrían tener un impacto operativo y reputacional significativo sobre ambas instituciones. Eso sí hay que dejarlo muy claro: la intervención no representa ni una revocación de licencia ni un proceso de liquidación.
Se trata de una herramienta legal que busca garantizar la continuidad de las operaciones bajo la supervisión directa de la autoridad, mientras se revisan aspectos de gobierno corporativo, cumplimiento normativo y estructura operativa. Es una medida preventiva de control, activada para asegurar que las entidades continúen cumpliendo con sus funciones sin comprometer recursos de los clientes ni la estabilidad del sistema financiero. Y hasta ahí todo bien. Pero tras el anuncio, el entorno regulatorio se intensificó. Aunque Vector Casa de Bolsa no fue intervenida inicialmente, sí fue mencionada por autoridades extranjeras. Dado que la Ley de Instituciones de Crédito aplica únicamente a bancos, la CNBV no pudo aplicar el mismo fundamento legal para actuar, aunque sí cuenta con facultades para intervenir casas de bolsa conforme al artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores.
El problema fue que no lo dejó claro, y ese silencio generó especulación. Hace tiempo que la CNBV dejó de ser ejemplo de comunicación clara y oportuna. Frecuentemente llega tarde, cuando otras dependencias —nacionales o extranjeras— ya tomaron decisiones relevantes para el sistema financiero mexicano. Que la autoridad reguladora no haya explicado desde el inicio por qué no actuaba sobre Vector, pese a su mención en los reportes internacionales, fue un error estratégico que alimentó la incertidumbre. La distinción jurídica entre instituciones puede ser válida, pero en términos regulatorios todas están sujetas a las mismas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Magnicharters, de pena
La situación escaló, y la CNBV finalmente informó que también decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. En este caso, el fundamento legal fue el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores, con el objetivo de proteger los intereses del público inversionista y acreedores. La intervención busca sustituir a los órganos administrativos y representantes legales, ante las implicaciones que puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en esta entidad financiera. Esta actuación llega después de varios días de especulación y presión mediática, lo que refuerza la percepción de una respuesta institucional lenta y reactiva, más que estratégica.
El episodio ha generado un nuevo foco de tensión en el sistema financiero mexicano. En el Congreso, ya se anticipan llamados a mayor escrutinio. El senador del PAN, Marko Cortés, anunció que propondrá en la Comisión Permanente la creación de una comisión especial que investigue las operaciones de las tres entidades financieras involucradas, con el objetivo de evaluar posibles omisiones regulatorias y fortalecer los mecanismos de supervisión frente a casos con dimensión transnacional. Si bien las autoridades han reiterado su confianza en la solidez del sistema, el caso marca un precedente importante en cuanto a la interacción entre reguladores nacionales y extranjeros.
Además, deja en evidencia la necesidad de reforzar la coordinación entre la CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias que hasta ahora han tenido un papel prácticamente ausente en el manejo público del caso. CIBanco, por su parte, ya emitió su postura oficial, reconociendo la designación de Álvarez & Marsal México, S.C. como administradora cautelar, y aseguró que colaborará con las autoridades mexicanas y estadounidenses, en apego al marco legal, para atender cualquier requerimiento de la CNBV o del FinCEN. Reiteró que los recursos de sus clientes están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. El sistema financiero mexicano tiene mecanismos legales robustos, pero su efectividad depende no sólo de su activación, sino del tiempo y la forma en que se comunican. Cuando la respuesta llega tarde o sin claridad, el daño no sólo lo sufren las instituciones intervenidas, sino el ecosistema de confianza que sostiene al mercado. Y en este caso, el tema, sin duda, seguirá.
Voz en off. Grupo Televisa celebra que su subsidiaria Corporación Novavisión S. de R.L. de C.V. efectuó el pago anticipado del monto total del principal de un crédito bancario por 2 mil 650 millones de pesos, cuyo vencimiento original estaba programado para 2026. La operación, realizada en efectivo, representa una disminución directa en el nivel de endeudamiento consolidado del grupo y se alinea con su estrategia de mantener una estructura financiera sólida y balanceada. Esta decisión refuerza la disciplina con la que la empresa ha venido gestionando sus pasivos y muestra una capacidad operativa consistente para generar flujo de efectivo disponible, incluso en un entorno macroeconómico complejo y altamente competitivo. El pago anticipado de esta obligación también confirma la intención de la compañía de reducir costos financieros hacia adelante, aumentar su flexibilidad para futuros proyectos estratégicos y fortalecer su perfil frente a acreedores y mercados financieros. Más allá de sus operaciones cotidianas en medios y telecomunicaciones, Televisa busca consolidar un posicionamiento que le permita aprovechar oportunidades de inversión con una base financiera más eficiente. Y por supuesto que es una señal clara de confianza en sus propias proyecciones de negocio, enfocándose también en áreas clave de innovación, expansión digital y crecimiento sostenido….
