A medida que Morena expande su dominio de poder y control político, su intolerancia a la crítica y a las opiniones divergentes aumenta de manera acelerada. Y no es que los de la 4T se hayan caracterizado, en algún momento, durante su corta vida en el poder, por su apertura a juicios críticos o negativos, porque nunca han estado dispuestos a reconocer faltas o errores cometidos, pero ahora, con todos los hilos del poder en la mano, léase, los poderes legislativo y ya, prácticamente, el Judicial, sumados a su causa, los mensajes de recientes casos de censura, nos indican que la lucha por el respeto a la libertad de expresión se torna cada vez más difícil.
Hace solo unas semanas, de Palacio Nacional se envió, a la Cámara de Senadores, la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se otorgan super facultades a la Agencia de Transformación Digital, para supervisar, además de contenidos en radio y televisión, lo que se publica en redes sociales, con autorización de bloquear plataformas digitales, cuando le “sea solicitado por las autoridades competentes”, dice la iniciativa de reforma. Un verdadero golpe a la libertad de expresión.
El proceso legislativo para la aprobación de esta iniciativa se detuvo ante el cúmulo de críticas surgidas en contra de esta reforma, lo que obligó a realizar foros de consulta para el análisis del proyecto de ley, con especialistas y académicos. En poco tiempo sabremos que tanto se escuchó y se valoraron las opiniones de los expertos y hasta dónde el gobierno estuvo dispuesto a moderar su ánimo de censura.
Al parecer, en este período extraordinario del Congreso, se deberá aprobar la iniciativa de esta reforma de ley. Esperemos que incluya las modificaciones sugeridas en estos foros.
Pero otros ejemplos, ocurridos en algunas entidades de la República, prenden las luces de alarma, ante la multiplicidad de denuncias por violencia política de género que las autoridades judiciales han resuelto de manera favorable a las quejosas, convirtiéndola en el arma más efectiva para acallar voces incómodas.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sensible a todas las críticas, demandó por presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias al diario Tribuna y a su exdirector, Jorge Luis González Valdez. Al diario, la jueza de control, le ordenó cerrar. Al ex director, le prohibió ejercer el periodismo durante dos años, además de imponerle una multa de dos millones de pesos, “por daño moral”.
La campechana también interpuso, ante las autoridades electorales del Estado, una denuncia por violencia política en razón de género en contra del ex director de Tribuna, cuya resolución, favorable a la gobernadora, conminó al periodista a dejar de ejercer violencia de género, además de prohibirle referirse o mencionar a la gobernadora, en su ejercicio periodístico. Las autoridades juzgadoras, se entiende, son locales.
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El INE decidió hacer cumplir la Constitución y determinó cancelar los triunfos a 24 candidatos a magistrados de Distrito y a 21 candidatos a jueces de Distrito.
En total, 45 aspirantes al nuevo Poder Judicial que nunca debieron competir si los comités de evaluación, que aprobaron sus candidaturas, hubieran hecho bien su trabajo.
El INE encontró, después de la revisión de los expedientes, pasada la elección, que estos 45 candidatos no cumplían con el requisito de tener 8 de calificación promedio en la carrera de derecho y un promedio de 9 en la materia por la que compitieron penal, laboral, administrativo, mercantil y civil.
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Dicen en Estados Unidos que es necesario aclara que los que se van acercando, a López Obrador, son las agencias de seguridad de Norteamerica, que no cejan en sus esfuerzos por combatir y erradicar a los cárteles mexicanos que controlan el flujo de drogas hacia la Unión Americana, en particular el fentanilo, al que atribuyen miles de muertes.
Junto con esas organizaciones criminales, las autoridades judiciales del vecino país pretenden llevar a prisión a los políticos mexicanos de alto nivel que les han dado protección para llevar a cabo sus actividades criminales, que incluyen el “lavado” de las enormes cantidades de dinero producto de esa criminal actividad.
Claro, en este aspecto, los Estados Unidos tienen una gran parte de la culpa, pues su mercado financiero mueve una gran parte del dinero generado por el narcotráfico. Por ejemplo, un estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala:
“En Colombia se lava un 30 por ciento de los narcodólares, y el 70 por ciento restante en Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica, Europa Occidental. En Bolivia, un 20 por ciento de los beneficios del narcotráfico es blanqueado en el país y el 80 por ciento restante en Brasil, Paraguay, Argentina, bancos panameños, norteamericanos y europeos, financieras caribeñas.
En Perú se lava un 25 por ciento del dinero y el 75 por ciento restante se invierte o deposita en Brasil, Chile, Panamá, República Dominicana, islas del Caribe, bancos estadounidenses y en Europa Occidental. En Venezuela, un 25 por ciento de los narcodólares es blanqueado en el país y el resto en Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, España, Italia y Portugal.
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Benito Juárez.