Grupo Salinas ha hecho un pronunciamiento en el que expresa su rechazo a lo que califica como un uso indebido de las instituciones del Estado para ejercer presión fiscal, política y mediática en su contra.
La empresa sostiene que enfrenta una campaña de acoso sistemático que responde a un intento por limitar la libertad de expresión empresarial y castigar su postura crítica. En el documento el consorcio señala directamente a autoridades, como promotoras de acciones que considera desproporcionadas e impropias de un sistema democrático y de derecho. En su texto, Grupo Salinas establece una continuidad que pretenden condicionar fallos judiciales, influenciar a juzgadores y validar cobros que califica como ilegales.
Desde la perspectiva de la empresa, los adeudos fiscales presentados por las autoridades en conferencias públicas no representan obligaciones legítimas, sino que corresponden a prácticas de doble cobro, interpretación arbitraria de la normatividad vigente y uso político de los procesos tributarios. En ese sentido, afirman que se ha recurrido a mecanismos de presión con el objetivo de cubrir déficits financieros del Gobierno federal. Grupo Salinas indica que el monto que se le exige equivale apenas a una fracción del costo total de obras públicas, y plantea que hay una fiscalización a empresas críticas y además una intención de silenciar voces disidentes.
Magnicharters, de pena
La empresa de Ricardo Salinas Pliego advierte que continuará ejerciendo su derecho a expresarse y a defenderse legalmente. Desde un enfoque jurídico, la compañía argumenta que se han vulnerado principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial. Asimismo, critica el uso de conferencias oficiales para divulgar señalamientos fiscales que aún se encuentran en litigio, lo cual —sostiene— pone en entredicho la separación de poderes y debilita la confianza en el Estado de derecho.
En términos de negocio, el mensaje de Grupo Salinas reafirma su intención de preservar sus operaciones y de mantener el curso legal de su defensa ante instancias nacionales e internacionales. A pesar del entorno que considera adverso, el grupo indica que continuará con sus actividades comerciales, mediáticas y financieras, sin ceder ante presiones políticas o fiscales que percibe como injustificadas. La empresa subraya que su compromiso con el desarrollo económico, la generación de empleo y la libertad empresarial permanecen firmes. Asimismo, reitera que agotará todas las vías legales para garantizar el respeto a sus derechos, a los de sus colaboradores y a la integridad de sus inversiones en México.
Mal Chapurree. La imposición del TAG obligatorio por parte de CAPUFE resulta especialmente preocupante cuando el propio sistema tecnológico en el que se basa aún presenta múltiples fallos operativos. Hoy en día es común que los lectores de TAG no funcionen correctamente, que los usuarios enfrenten problemas de recarga o vinculación, o que haya inconsistencias entre los cobros y el uso real de las autopistas. A esto se suma la falta de infraestructura confiable en muchas casetas, donde las filas se duplican precisamente por errores en la lectura automática o por sistemas que se caen sin previo aviso. Pretender hacer obligatorio un sistema que no está listo para operar con plena eficiencia ni cobertura nacional no sólo es imprudente, sino una muestra clara de improvisación administrativa. Antes de forzar al usuario a adoptar una herramienta, las autoridades deberían garantizar que esa herramienta funcione correctamente, sea accesible para todos y cuente con canales claros de atención y resolución de fallas. De lo contrario, más que una modernización, lo que se está imponiendo es un caos digital disfrazado de avance tecnológico.
