› Austeridad sí, “en los bueyes de mi compadre”
Decía AMLO: “La austeridad no sólo es un asunto administrativo, sino de principios. Hay que aplicar la austeridad republicana juarista y también la pobreza franciscana. La felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos…”. También llegó a decir: “Si ya tenemos zapatos ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?”. Lo anterior viene a cuento, porque ayer el senador Gerardo Fernández Noroña declaró, cuando le preguntaron sobre la fiesta que realizó el diputado Pedro Haces: “Lo que yo haga con mi dinero, pues es mi derecho, faltaba más… si yo viajo como quiera, hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo. ¿Eso qué tiene que ver con las políticas públicas de austeridad?… Si tú puedes cuadrar lo que estás comprando, ahora resulta que tienes que vivir en una colonia precaria, porque hay ese movimiento de transformación”. Habrá que matizar ese principio de la 4T, nos comentan.
Magnicharters, de pena
Quien ha demostrado tener una gran vocación para abrir frentes de batalla es el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Primero se peleó con feministas, por la represión policiaca en pleno 8M. Luego, se echó encima a urbanistas y al alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela, por su empecinamiento en construir el Viaducto Elevado, lo cual no logró. Ha sostenido varios encontronazos soterrados con su hermano Saúl Monreal por chocar los intereses de ambos, y ahora está enfrascado en un pleito con el alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez. Todo porque el edil priista anunció la creación de una Dirección de Tránsito y Vialidad municipal. El gobernador advirtió que no permitirá que prospere ese proyecto, pues no está permitido por la ley y Fresnillo no tiene la capacidad para hacerse cargo de esa tarea. Otros piensan que lo que está en juego son los recursos que se obtienen vía infracciones, que actualmente controla el Gobierno estatal. Uf.
Tremenda sorpresa nos dieron ayer los agentes migratorios estadounidenses al capturar a Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda boxística de México, Julio César Chávez, y no por una falta menor, sino por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Incluso, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos confirmó lo que en México no se habían atrevido a decir las autoridades de justicia: que Chávez Jr. tiene abierta una investigación aquí por delincuencia organizada y tráfico de armas. Después de esa revelación, la Fiscalía General de la República reconoció que el boxeador, en efecto, tiene una orden de captura desde marzo del 2023. Nada había trascendido en el sentido de que fuera buscado para que respondiera por esas acusaciones de delincuencia organizada y sus presuntos nexos con los líderes del cártel sinaloense, a pesar de sus apariciones públicas incluso como comentarista televisivo. Aquí las miradas andaban por otro lado, hasta ayer. Pendientes.
Y fue Jorge Romero quien se tiró al ruedo. El dirigente nacional del PAN no sólo criticó la reforma en telecomunicaciones, sino que puso su cargo sobre la mesa si, según dijo, la Presidenta Claudia Sheinbaum logra desmentir que la nueva ley permite geolocalizar a cualquier persona sin que haya de por medio una orden judicial. El reto fue lanzado desde Baja California, con el excandidato presidencial Ricardo Anaya como telonero. Ambos alertaron de un “gobierno espía” y hasta de una “ruta al totalitarismo”, con el conjunto de reformas aprobadas en el Congreso de la Unión en los días anteriores. El tema es espinoso y técnicamente complejo, nos comentan. El PAN decidió convertirlo en bandera política. Aunque la narrativa busca conectar con temores legítimos sobre los temas de privacidad y derechos, también hay quien lo percibe como parte de una estrategia electoral de largo aliento rumbo al 2027. Atentos.
› Apoyo a buscadores en los estados
Y es la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que alista dar pasos conjuntamente con los estados, para atender demandas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Fue éste uno de los asuntos que la funcionaria trató ayer con las secretarias y secretarios de gobierno de los 32 estados del país, para avanzar en la Agenda Nacional de Derechos Humanos. En el encuentro que se realizó en la Segob, destacó que en los estados se realizan esfuerzos importantes en colaboración con la Federación en favor de las familias de las personas desaparecidas. También, nos comentan, destacó la importancia del diálogo que se tuvo con colectivos de búsqueda de todo el país, a través de mesas en las que participaron más de mil personas, y que dio como resultado la elaboración de 570 propuestas que se incorporaron en la ley recién aprobada por el Congreso. No quita claramente el Gobierno el dedo de ese renglón. Ahí el dato.
Grave, nos dicen, el “probable daño a la Hacienda Pública Federal” por 30.9 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el último año del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. No es un monto por aclarar, que de por sí ya sería delicado; el señalamiento va más allá, pues son recursos sobre los que ya se habían hecho observaciones y éstas no fueron solventadas. El dinero es parte del Fondo de Aportaciones Múltiples, destinado a financiar programas de asistencia social en materia alimentaria para personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social. Lo anterior significa que en la gestión del exfutbolista posiblemente fueron desviados los recursos federales que estaban destinados a apoyar a los sectores más marginados de Morelos. Dicen los que saben que al daño al erario le siguen las denuncias penales. Cuau sigue protegido por la cobija de Morena, pero habrá que ver hasta dónde le alcanza a tapar.
