México ya es considerado el país más peligroso en América Latina también para ejercer el magisterio sacerdotal. (...) la violencia contra el clero ha ido escalando, y que el crimen organizado los esté observando como una amenaza, es un mal síntoma
No eran ni las 6 de la mañana del pasado 30 de junio, cuando el padre Héctor Alejandro Pérez, párroco de la iglesia San Francisco de Asís en Villahermosa, Tabasco, fue atacado a balazos al salir de su domicilio parroquial. Lo dejaron con lesiones graves en húmero, colon y tórax, en un hecho que la diócesis de aquel estado calificó como barbarie a consecuencia de una posible “confusión”.
¿Confusión? ¿Con qué podían haberse “confundido” a las 6 de la mañana a las afueras de una casa parroquial?…
¿Huachicol de afiliaciones?
Las Gaviotas, colonia en la que ocurrió el ataque, es uno de los focos rojos de violencia en la capital tabasqueña. Desde 2017 la incidencia delictiva en esa zona ha ido en aumento, según reportes de la propia autoridad local.
En octubre de 2024 ahí se vivió una de las jornadas más violentas, luego de que hombres a bordo de motocicletas abandonaran una cabeza humana en la calle.
Mismo mes en el que un establecimiento comercial fue incendiado con trabajadores y clientes en su interior, quienes como un milagro pudieron ponerse a salvo.
El robo a transeúntes, casa habitación y extorsión a comercios se ha vuelto cada vez más común en esa localidad que hoy está prácticamente en manos de la delincuencia.
Una delincuencia nutrida en gran medida por jóvenes, que son a los que el párroco de apenas 31 años, suele dirigirse en sus homilías, pidiéndoles no sumarse a las filas del crimen organizado. ¡Nada es casualidad!
Las principales células delictivas que operan en esa entidad son el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Barredora, esta última considerada la más poderosa en el estado.
Es la misma organización delictiva a la que se refirió Javier May a su llegada al gobierno de Tabasco, responsabilizando al gobierno anterior de Adán Augusto López, de permitir el encumbramiento de su líder.
“Nuestros sacerdotes trabajan en tierra de narcotraficantes… Si son capaces de matar a un cura, pueden matar a cualquiera”, dijo Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial luego de la publicación del reporte anual que ha cuantificado, de 2018 a 2024, el asesinato de 10 sacerdotes, 10 hechos violentos contra religiosos, 26 templos atacados, profanados o asaltados cada semana, cerca de 900 extorsiones y amenazas de muerte contra de miembros de la Iglesia católica.
México ya es considerado el país más peligroso en América Latina también para ejercer el magisterio sacerdotal.
Desde 1990 a la fecha, la cuenta suma el asesinato de un cardenal, 59 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, nueve laicos y una periodista católica, así como dos sacerdotes desaparecidos.
Apenas el 20 de junio pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a un repique nacional de campanas en conmemoración del llamado Diálogo Nacional por la Paz, que derivó del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en el templo de San Francisco en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.
El estado de Michoacán ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más agresiones de esta índole, la última fue el asesinato del padre Javier García Villafaña, hallado sin vida al interior de su automóvil en una carretera del municipio de Huandacareo.
Lo cierto es que la violencia contra el clero en México ha ido escalando y que el crimen organizado los esté observando como una amenaza, es un mal síntoma.
Como el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas en octubre de 2024, quien públicamente luchaba contra el narcotráfico, desde aquella peregrinación en 2014 en la que recorrió 12 municipios, denunciando el aumento de venta de drogas y grupos criminales.
En 2020 denunció amenazas de muerte en su contra, pidió protección a las autoridades, que claramente no fue suficiente porque igual acabaron con su vida.
No es ningún secreto que en comunidades de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Tabasco, muchos religiosos sirven de mediadores entre comunidades y cárteles.
Como aquel sorpresivo encuentro en febrero de 2024 entre cuatro obispos de la diócesis de Acapulco, Guerrero, con miembros del crimen organizado.
Mons. José de Jesús González, Obispo de Chilpancingo-Chilapa; el Arzobispo de Acapulco, Mons. Leopoldo González; el Obispo de Tlapa, Mons. Dagoberto Sosa, y el Obispo de Ciudad Altamirano, Mons. Joel Ocampo, fracasaron en su intento de encontrar un acuerdo entre dos grupos delincuenciales, en favor de la paz para aquellas comunidades.
No podemos aceptar vivir en un país donde niños mueren en medio del fuego cruzado, donde madres mueren buscando a sus hijos, donde hombres mueren defendiendo sus tierras y sacerdotes mueren intercediendo por la paz.
No es un asunto religioso, es de seguridad nacional. ¿Por qué parece que nadie se hace cargo?…
