El pasado 26 de junio, la Corte Suprema estadounidense resolvió eliminar las suspensiones universales. Esa importante sentencia tuvo su origen en la orden ejecutiva del presidente Trump que busca cambiar los términos para adquirir la ciudadanía. La determinación de la Corte no implicó la entrada en vigor en automático de las normas que niegan la ciudadanía a personas que, naciendo en territorio de Estados Unidos, sean hijos de madres sin residencia legal. Esto, debido a una reciente determinación de un juez de distrito.
Al día siguiente de que la Corte emitiera su resolución, diversas organizaciones sociales, entre ellas los capítulos locales en Maine, Massachusetts y Nuevo Hampshire de la American Civil Liberties Union, interpusieron ante el juzgado de distrito del último estado una demanda en representación de varios quejosos. Entre éstos se encuentra una solicitante de asilo embarazada, de origen hondureño, cuyos otros hijos tienen la nacionalidad estadounidense. Otro, es un hombre brasileño cuya mujer dio a luz en marzo, dos meses después de que la orden ejecutiva fuera emitida. Las organizaciones argumentaron que la orden no sólo es evidentemente violatoria de la decimocuarta enmienda constitucional, sino también contraria a los derechos, la historia y los valores de la sociedad estadounidense. En contrapartida, la oficina del fiscal señaló que interpretaciones erróneas de la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal, lo que ha impactado negativamente en la soberanía, la estabilidad económica y la seguridad nacional.
El 10 de julio, el juez de distrito Joseph LaPlante emitió una orden que impide la aplicación de los términos de la orden ejecutiva en todo el territorio. La determinación también clasificó la acción como una demanda colectiva (class action lawsuit) que, además de proteger a quienes interpusieron la demanda, incluye a todos los infantes que pudieran ser afectados. El juez de Nuevo Hampshire afirmó que, si bien los argumentos gubernamentales no eran frívolos, resultaron poco convincentes, mientras que la privación de la ciudadanía equivale a un daño irreparable. Otra persona en Maryland está intentando interponer una demanda colectiva ante un juez de distrito en ese estado, de manera que posiblemente también ahí surja otro juicio similar.
La resolución del juez LaPlante sienta las bases para que la orden ejecutiva emitida en enero vuelva a ser discutida ante la Corte Suprema. Recordemos que, en los alegatos ante el máximo tribunal contra las suspensiones universales, el gobierno federal señaló a las demandas colectivas como la vía indicada para proteger los derechos de las personas pertenecientes a una colectividad. Tarde o temprano, los justices deberán determinar si la decisión del juez de Nuevo Hampshire cumple con la reciente resolución que limita la capacidad de los jueces federales para emitir suspensiones que abarquen todo el territorio nacional. Pero, aún más importante, para entonces los integrantes del máximo tribunal deberán decidir si es constitucional la orden ejecutiva que altera los términos para ser ciudadano de Estados Unidos. Sigamos pendientes.
